El Partido Popular de Pontevedra inició el miércoles distintos encuentros con agentes sociales, colectivos ciclistas, asociaciones profesionales y usuarios de vehículos de movilidad personal para abordar, en palabras de la agrupación, las "carencias" de la nueva Ordenanza de Mobilidade que se llevará a pleno el próximo mes de septiembre.
La primera de las reuniones fue con Pablo Fontán, presidente de Amizade, con el cual se analizó cómo la norma afecta a las personas con discapacidad.
Amizade ya se había reunido previamente con los grupos del PSOE y BNG para mostrarles su rechazo a la posibilidad de limitar el tiempo de uso de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Tras los encuentros, según la asociación, el grupo municipal del PSOE se mostró receptivo a valorar las modificaciones que propuso la entidad, sin embargo, afirman que con el BNG no se llegó a un acuerdo por el momento, quedando pendiente de una nueva reunión en el futuro para conseguir un acuerdo definitivo.
La asociación considera que no existen problemas reales en cuanto a la rotación en el uso de las plazas reservadas, y tampoco tienen constancia de que existan casos en los que alguien pueda usar una plaza de manera abusiva durante una infinidad de días consecutivos. Por lo tanto, aún entendiendo el posicionamiento del Concello de intentar que no se produzcan dichos abusos y de que exista rotación, desde la asociación, consideran que no existe ni existió en los últimos años ningún problema al respecto. Entienden que instaurar una limitación en el tiempo de uso provocaría una serie de prejuicios para todas las personas que usan diariamente una plaza reservada como método para acortar sus distancias de desplazamiento, mejorando así sus posibilidades de integración social y laboral.
Los populares insisten en que ya habían alertado en una Comisión Informativa de febrero que se trataba de una ordenanza discriminatoria: "creemos que el Concello ha tenido el suficiente tiempo para interesarse en la opinión de los colectivos afectados".
Además, según dice el concejal Pablo Fernández: "la nueva ordenanza no cuenta con diálogo ni con consenso, toda alegación presentada ha sido desoída. El BNG presenta un proyecto con carencias: no es sostenible y penaliza los transportes responsables con el medio ambiente". El concejal del PP también indicó que "no podemos poner trabas y dificultades a una de las maneras de desplazarnos más ecológica y verde" y concluyó que "no creemos que esta situación vaya en consonancia con un modelo de ciudad que dice promulgar con la accesibilidad".
