La situación de atasco en la aprobación del PXOM de Vilaboa, los problemas de los vecinos que están afrontando expedientes y multas sin poder legalizar sus casas y el embrollo urbanístico de este concello no han pasado desapercibidos al BNG, que inició la semana presentando una iniciativa parlamentaria para pedir a la Xunta la aprobación del planeamiento y a la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) más diligencia en la gestión de expedientes en este municipio.
El diputado por Pontevedra Luís Bará defenderá estas propuestas, encaminadas a conseguir que el Concello vilaboés, que lleva desde 2002 con la redacción del PXOM y desde 2008 en fase de rectificar el documento antes de la aprobación definitiva, consiga sacar adelante el plan urbanístico y ayudar a legalizar viviendas en los casos en los que esto sea posible.
El BNG se fijó especiamlente en la situación generada hace una semana, con el juicio a una vecina de A Graña para la que la Fiscalía, actuando de oficio con un expediente de la Aplu como referencia, pedía dos años de cárcel y una multa de más de 6.000 euros por su vivienda sin licencia.
En el transcurso de la vista, cuya suspensión y retirada de cargos se había pedido activamente tanto por parte de los vecinos, como del Concello, el propio juez suspendió la sesión, al descubrir unas ortofotos de la Xunta que acreditaban, por un lado, la posible legalización de la vivienda en suelo rústico y, por otro, que el delito habría prescrito, al existir la casa hace más de diez años.
El hecho de que la Aplu no hubiese incorporado esas imágenes al expediente llama la atención del BNG, que entre las preguntas parlamentarias hace una referencia explícita a la Axencia de Legalidade Urbanística y a esta actuación, pidiendo una valoración del Gobierno gallego al respecto.
Otra de las preguntas -además de la PNL para la agilización del PXOM- se refiere a las previsiones temporales al respecto de este documento. Además, se pide a la Xunta que explique si Urbanismo tiene conocimiento de los errores contenidos en las Normas Subsidiarias de este concello, que datan de los años 90 y que están desfasadas con respecto a la realidad del municipio.
REVISIÓN. En cuanto a la Proposición Non de Lei, tres son los principales acuerdos que, según el BNG, podrán ayudar a Vilaboa y a sus habitantes a superar las limitaciones que conlleva la actual situación: el primero, la agilización de la aprobación definitiva del documento.
El segundo será la revisión de todos los expedientes abiertos en A Graña el núcleo, en teoría inexistente como tal, que en cambio sí existía en el municipio. El Bloque Nacionalista Galego sostiene que la revisión se encaminaría a constatar y corregir "a existencia de erros nas Normas Subsidiarias de 1991". A su vez, y como consecuencia del hecho de que no se incorporase documentación que lleva a una tramitación deficiente, el BNG propone a la Xunta que renuncie a la vía administrativa y penal en aquellos casos en que esté acreditada la existencia de edificaciones anteriores y que, en todo caso (como sucedió en el juicio de la semana pasada), quedarían legalizadas por el PXOM.
La teniente de alcalde ve como criticable la intervención de la Aplu y la Fiscalía hace siete días "pois foi o xuíz, cunha consulta nas bases da Xunta, o que tivo que achegar unha proba tan clara. Pero iso non saca o sufrimento que esa familia tivo que vivir ata ese momento".
