Caldas seguirá peleando para que se mantenga la pasarela sobre el Umia

Cuando hace ocho años el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, estampó su firma en el proyecto para construir una pasarela sobre el río Umia no podía imaginar que esta iniciativa iba a seguir generando controversias en 2016. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revocó la sentencia del Xulgado do Contencioso-Administrativo número 3 de Santiago que consideró ajustada a la legalidad la obra. Apurado por los plazos marcados para poder acogerse a las ayudas del primer Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el regidor ordenó seguir adelante con la autorización provisional otorgada por la delegación de la Consellería de Medio Ambiente, con la confianza de que sería ratificada.

Pero no fue así, y comenzó el proceso judicial. Medio Ambiente instó al Concello a que la retirase y la oposición lo acusó de invertir dinero público en una iniciativa sin futuro. Lejos de resignarse, el Gobierno local presentó un recurso en el que apoyaba su petición de que la pasarela fuese legalizada en los informes emitidos por varios profesionales en obras hidráulicas que llegaron a la misma conclusión, que esta infraestructura no es un obstáculo para el paso del agua, rebatiendo el principal argumento de Medio Ambiente. Lejos de frenar el curso del río Umia, Juan Manuel Rey recordó que el proyecto de instalación de la pasarela incluyó la eliminación de una plataforma de hormigón que sí frenaba el paso del agua.

Si entre las preocupaciones de la Consellería de Medio Ambiente figurase la de evitar que se registren anegamientos de fincas y calles del municipio cuando llueve con cierta intensidad, el alcalde subrayó que bastaría con que atendiese su petición, repetida en varias ocasiones a lo largo de los últimos años, de que se limpie el cauce de vegetación y se retire el sedimento acumulado, que hizo crecer notablamente su nivel.

El regidor mantiene que el interés que guía a la Xunta para obligar al Concello de Caldas de Reis a retirar la pasarela es de carácter político, y no tiene argumentos técnicos, por lo que anunció que está dispuesto a llegar hasta la máxima instancia judicial para impedir que logre su propósito.