La ciudadanía en Chile amaneció este viernes con la noticia de que el Parlamento había llegado a un acuerdo de madrugada para determinar el camino hacia una nueva Constitución, que en caso de ser favorable podría convertirse en una realidad en 2021. La sociedad reclamaba una nueva Carta Magna que acabara con la actual en vigencia, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerada por muchos el principal origen de la desigualdad social existente en Chile en los últimos 30 años.
El camino prevé un plebiscito ciudadano en abril de 2020 en el que se preguntará si los chilenos están a favor o no de una nueva Constitución. En caso favorable, también tendrán que votar por el formato para su edición, una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional. Los miembros que conformarán la opción mayoritaria serán elegidos en forma paralela a la celebración de los comicios regionales y municipales de octubre de 2020.
PARTICIPACIÓN. Las reacciones a la propuesta de los legisladores fueron dispares. Gonzalo Mesa, de unos 50 años, explicó que lo importante es que "la nueva Constitución va a ser escrita por primera vez con aporte parcial o total de los ciudadanos". "La Constitución de los años 1980 era una Constitución tremendamente injusta basada en un sistema económico y no en un sistema social", dijo.
El acuerdo en el Parlamento establece que cuando la nueva Carta Magna se promulgue y se publique en el Diario Oficial
Andrés Ibarra, un joven abogado, consideró incluso que es "el mayor triunfo desde el retorno de la democracia" a Chile y afirmó que "es lo máximo a lo que se podía aspirar". Paulina Vázquez, sin embargo, destacó que "no correspondía " este acuerdo en la actualidad. A su juicio, las protestas del último mes en Chile que han dejado ya 22 fallecidos, "polarizaron el país" y reconoció que ella votará no a una nueva Constitución.
El acuerdo en el Parlamento establece que cuando la nueva Carta Magna se promulgue y se publique en el Diario Oficial, la actual quedará derogada. Eso implica que la Constitución será completamente nueva y no una versión reformada ni basada en la actual, aprobada en 1981 durante el régimen de Pinochet.
Este es uno de los puntos que más tensó la discusión, pues la oposición apostaba por una redacción desde cero y el oficialismo quería que la base del nuevo texto fuera la Constitución de 1981.
El órgano encargado de redactar el texto legal deberá aprobar los artículos por una mayoría de dos tercios de sus miembros. El acuerdo no precisa los pasos a seguir si no se logra ese quórum, aunque los parlamentarios explicaron que se realizará un debate particular para destrabar esos asuntos.
Los parlamentarios que decidan postularse para la Convención Mixta Constitucional, si es el mecanismo elegido por los ciudadanos, deberán renunciar a sus escaños y estarán inhabilitados un año para ser candidatos a cargos de elección popular.
