El día 26 de octubre finalizó el plazo establecido por la Xunta para que la Residencia Valle-Inclán cerrase sus puertas, y la actividad en las instalaciones situadas en Vilanova se mantiene, aunque será por poco tiempo, porque la Administración autonómica ya se puso en contacto con los familiares de los residentes con la finalidad de buscarles una plaza en otros centros para mayores de Galicia. No será difícil encontrarles acomodo, aunque es posible que alguno de ellos tenga que ser trasladado a un lugar lejano.
La orden de clausura, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fue entregada a los responsables de la empresa en los primeros días de este mes, y la Fiscalía de Galicia también fue informada de la resolución de cierre, así como de una serie de irregularidades que fueron detectadas en las inspecciones realizadas, motivo por el que fueron abiertas diligencias de investigación penal.
El anuncio se produjo después de que el sindicato CIG hubiese denunciado la "connivencia" de la Xunta con los propietarios de la Residencia Valle-Inclán al haber permitido que siga abierta cuando carece de licencia de actividad, además de recordar que la resolución por la que la Consellería de Política Social acordaba la clausura del centro fue emitida el día 3 de julio del año 2017.
Este sindicato subraya que ya entonces quedó demostrado que la empresa Viajes Silgar carecía de la autorización para gestionar la residencia, al igual que otras que figuraron como encargadas de realizar este servicio, como Nurtime, Euroconsultores Sociosanitarios, Servicios Sanitarios Dos Andando y Residencia de Maiores 2013, que fueron creadas por su propietario a medida que las deudas las abocaban al concurso de acreedores.
Lo mismo sucedía con los contratos laborales de sus trabajadores, mientras que del cobro de los servicios se encarga la empresa Firts Again. La CIGcifró en 200.000 euros el movimiento económico que realiza mensualmante, agrega que obtiene beneficios y recuerda que no hace frente a una deuda que asciende a 3,6 millones de euros.
Por otra parte, denuncia "el tono amenazante e inapropiado" de la carta enviada este mismo mes a los familiares de los residentes, en la que se les requiere que envíen a sus familiares residentes a otro centro.
