Lacónico pero colaborador, el súbdito colombiano H.C.P. reconoció este martes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que a finales de abril de 2017 se embarcó como polizón en un barco que zarpó de Cartagena de Indias rumbo al Puerto de Marín. Portaba una mochila con 52 kilos de cocaína que iba a arrojar al mar al entrar en la ría de Pontevedra, donde sería recogida por un lanchero que también le debería llevar a él a tierra.
Una trama que también fue admitida por el joven R.P.R., vecino de Sanxenxo, quien si bien dijo haber recogido unos bultos en el agua este martes aseguró que no sabía lo que había en el interior.
Ambos contaban con sofisticados sistemas de comunicación y con coordenadas GPS previamente pactadas donde se debía producir el trasvase de la droga y de la "mula" que la portaba.
Sin embargo, el minucioso plan se desbarató cuando el capitán del buque Cap Beatrice descubrió al polizón y a su fructífera carga escondidos bajo una grúa, tres días después de haber zarpado. Inmediatamente fue detenido y conducido hasta una celda del barco, donde permaneció varios días hasta que llegó la Guardia Civil, que ya había sido alertada por la DEA y por la Policía colombiana del ilícito transporte.
Junto a los dos acusados confesos, también se sentó en el banquillo el vecino de Valga L.C.C., a quien la Fiscalía considera el cerebro de la trama. Sin embargo, al contrario que sus compañeros de juicio, este transportista negó cualquier relación con este alijo y dijo no haber visto ni haber hablado nunca con los otros dos procesados.
Preguntado por los motivos que le llevaron a aceptar el narcotransporte, H.C.P. lo vinculó con la precaria situación económica que vivía en su país. "A veces las circunstancias obligan a uno a hacer cosas que no quiere", dijo.
Se negó a desvelar a sus contactos y simplemente agregó que "un desconocido" le entregó un GPS y un móvil con un número memorizado al que debía llamar cuando llegase a unas coordenadas que llevaba anotadas en un papel.
Esas mismas referencias fueron halladas en poder del lanchero, R.P.R., quien alegó que en aquella época era adicto a la cocaína y que había aceptado el encargo "de un hombre que se me acercó en el Puerto pero que yo no conocía de nada" para saldar sus cuantiosas deudas.
Un guardia civil, haciéndose pasar por el polizón, contactó con él y ambos pactaron el punto de encuentro, situada a la entrada de la ría. Le arrojaron al agua dos bultos simulando contener la droga y fue arrestado poco después.
EL CEREBRO. Tanto la Guardia Civil como la Fiscalía señalan a L.C.C. como el líder de la trama y la persona que entabló contactos en Colombia para organizar el envío. Según declaró un agente, tenía a su nombre teléfonos desde los que se realizaron llamadas orquestando el transporte y se hacía alusión a él con un alias, aunque en el perfil de WhatsApp aparecía su foto.
El acusado, que solo quiso responder a su abogado, reiteró que no intervino en ningún plan y que nunca había visto a sus compañeros de banquillo.
Hoy se reanudará un juicio en el que la Fiscalía solicita, inicialmente, diez años de cárcel y multa de 1,9 millones para H.C.P. y 13 años de prisión y multa de 5 millones para los otros dos acusados.
