La ampliación del emisario submarino que proyecta la Xunta para verter las aguas residuales de la depuradora (EDAR) de Os Praceres y de las fábricas del complejo industrial de Lourizán en la ría incumple la normativa urbanística. Así lo advirtió este martes la teniente de alcalde de Pontevedra, Carme da Silva, durante una rueda de prensa en la que dio a conocer el resultado de un informe que Augas de Galicia solicitó para analizar si la obra cumplía con los requisitos legales exigidos.
Las conclusiones de los funcionarios son contundentes: el anteproyecto de la nueva instalación ocuparía terrenos prohibidos. El motivo es que la obra, que prevé la construcción de una cámara de carga, una estación de bombeo y el traslado de la actual tubería que va de la EDAR al mar, estaría en una área destinada a equipamientos y no a usos industriales.
El reglamento urbanístico al que se refiere el Concello en el documento enviado a la Consellería de Medio Ambiente es el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que la Xunta aprobó en 2003 para dar cobertura legal a la depuradora, a Ence y a la frustrada fábrica de tisú impulsada por la compañía para cerrar el ciclo del papel en Pontevedra. "Considérase que as actuacións previstas, consistentes na dotación de novas infraestruturas de servizos de depuración, non se encadran dentro dos usos permitidos no proxecto sectorial vixente, polo que resultan incompatibles co mesmo", exponen el ingeniero y la arquitecta municipal en sus respectivos informes.
La zona de conflicto estaría cerca del antiguo campo de fútbol de Os Praceres, que la Dirección General de Costas ordenó desmantelar tras resolver el expediente de caducidad de la concesión otorgada a Ence para continuar en su ubicación. Aquella polémica resolución supuso un aval para todas las instalaciones que la pastera había construido en Lourizán, incluso aquellas que levantó sin licencia, como el comedor. El organismo estatal instó a la compañía a regularizar esta instalación, una orden que también dio a la Xunta, a la que instó a legalizar tanto la depuradora de Os Praceres como su emisario submarino, que tampoco habían obtenido los correspondientes permisos cuando se pusieron en marcha.
MÁS RESTRASO. Da Silva aseguró el martes que el Concello estará "tremendamente vixiante" ante los pasos que adopte la Xunta para poner en marcha esta infraestructura, que afecta a una "zona sensible" como a la ría y los bancos marisqueros. La teniente de alcalde aseguró que Augas de Galicia tiene dos opciones para cumplir con el informe municipal contrario al diseño del nuevo emisario: ponerlo en otro sitio o modificar el proyecto sectorial de incidencia municipal. En ambos casos, obligaría a retrasar aún más la obra.
La tercera vía, que el Gobierno local rechaza, es que la Xunta obtenga el permiso de Costas para el citado anteproyecto. En este caso, Da Silva advierte de que el Concello parará las obras usando para ello sus competencias urbanísticas.
La edil nacionalista defendió, por otra parte, la postura en contra de que Ence y la depuradora compartan emisario submarino y solicita –al igual que han hecho los técnicos municipales– que la pastera tenga una tubería propia. El objetivo es separar los vertidos industriales de los fecales para evaluar quién contamina la ría y en qué proporción.
