El Concello rectifica y mantendrá el mercadillo de antigüedades

Promoción Económica asegura ahora que permitirá a los ambulantes que ya tenían autorización montar sus puestos 
Ambiente del rastrillo municipal de la Rúa Serra en mayo de 2017, fecha en la que cumplió 20 años de vida. DAVID FREIRE
photo_camera Ambiente del rastrillo municipal de la Rúa Serra en mayo de 2017, fecha en la que cumplió 20 años de vida. DAVID FREIRE

El Concello rectifica la decisión de prohibir el mercadillo de antigüedades a partir del próximo 1 de septiembre. Y lo hace solo 24 horas después de que la Concellería de Promoción Económica anunciase este domingo una medida que basó en dos argumentos: que el rastrillo era "ilegal" y que su celebración en la Rúa Serra dificultaba el acceso al espacio gastronómico del Mercado de Abastos a personas con problemas de movilidad.

El departamento que dirige la socialista Yoya Blanco asegura ahora que permitirá a los ambulantes que ya tenían autorización municipal montar sus puestos. Pero los afectados no saben si podrán hacerlo este domingo. Aún no les han confirmado si se levantará la prohibición de hacerlo.

Tampoco se sabe con exactitud cuántos comerciantes podrán instalar sus mesas y si estas podrán colocarse frente al Mercado. Los servicios municipales no saben cuántos carnés de venta se habían expedido para el rastrillo dominical. El sector, que no cuenta con ningún portavoz ni con una estructura asociativa, también desconoce la cifra exacta. Calcula que serán entre 30 y 36 personas.

Los vendedores se reunirán para analizar la situación. Aún no les han confirmado si se levantará la prohibición de la feria

Una resolución del Concello fija desde 2015, año en el que la feria se trasladó de A Verdura a la Rúa Serra, una serie de normas mínimas -y transitorias- hasta la regulación total de la misma. Entre ellas se establece el número máximo de puestos de venta, 54 en total.

El listado con las tarjetas identificativas de los comerciantes las custodia el Centro Comercial Urbano Zona Monumental (CCU ZM), que actúa de intermediario con el Concello al haber sido el impulsor de esta feria, que se celebra desde 1997. Su presidente, Miguel Lago, reconoció el lunes a este periódico el "fallo de comunicación" con la Administración local. La directiva del colectivo de empresarios del casco histórico de Pontevedra se reunirá este martes para analizar lo ocurrido.

A pesar de que el límite de autorizaciones asciende a 54, el número de puestos se ha multiplicado en los últimos tiempos. Algunas fuentes hablan de hasta 90. "Lo que está claro es que esto hay que controlarlo", apunta Lago.

La revisión de los carnés en el rastro de Serra los realiza la Policía Local, que también comprueba que la mercancía no se venda en el suelo y que los artículos sean los apropiados para un rastrillo de antigüedades. La comercialización de ropa, calzado o aparatos electrónicos está prohibida.

La edil socialista asegura que el proceso para regularizar el rastrillo dominical "xa se puxo en marcha"

TRASLADO. La instrucción dada por la Concellería de Promoción Económica para suprimir el mercadillo dominical pilló por «sorpresa» tanto a Zona Monumental como a los ambulantes. La edil Yoya Blanco mantuvo el lunes al mediodía un primer contacto con una representación de este colectivo. "Nos atendió muy bien y vimos las posturas que tiene cada uno", explica Alberto Martínez, uno de los vendedores que asistió al encuentro. "Pero no nos han confirmado que podamos montar este domingo. Puede ser que sí o que no", añade.

Los afectados se reunirán este martes para analizar la situación y debatir el "primer contacto" con la concejala del PSOE, que aseguró que el proceso para regularizar el mercadillo "xa se puxo en marcha". Ambas partes se han puesto de acuerdo para buscar una ubicación alternativa al de la Rúa Serra. "Estará situada por esa zona", avanzó Blanco.

El traslado del rastro dominical a la Praza da Pedreira, bajo los soportales del Pazo de Mugartegui, se ha descartado porque en la zona se celebran muchas bodas. "Nosotros no queremos perjudicar a nadie", señala Martínez.

BNG. La aprobación de normativa específica para el mercadillo de antigüedades es una asignatura pendiente desde hace 22 años. Su redacción será un asunto complejo desde el punto de vista administrativo. La edil del PSOE defendió el pasado domingo que la feria no se hará hasta que los propietarios de todos los puestos paguen una tasa municipal que nunca se les ha requerido. En caso de mantener esta postura, la prohibición del rastro se mantendrá a partir del 1 de septiembre.

La portavoz del Concello, Anabel Gulías (BNG), que en el anterior mandato ocupaba la cartera de Promoción Económica, cuestionó que su compañera socialista tildase el mercadillo de "ilegal". "Hai unha circular do anterior concelleiro na que se establecía un período transitorio ata que se fixese o novo regulamento. Ilegal, polo tanto, non é. Ningún funcionario o permitiría", dijo la edil nacionalista. Blanco mantuvo este lunes que es "ilegal" porque "incumpre a ordenanza de Mercados".

La reacción de la oposición
PP y Ciudadanos critican las formas del PSOE en su gestión del rastrillo
►Domínguez tilda de "prepotentes" las declaraciones de Blanco y Revenga aprecia falta de diálogo con el BNG
La oposición criticó las formas del grupo del PSOE en la gestión de la polémica generada en torno al posible cierre del mercadillo de antigüedades de Pontevedra. El portavoz del PP, Rafa Domínguez, tildó de "prepotentes" las declaraciones de la concejala de Promoción Económica, la socialista Yoya Blanco, en las que recalcaba que esta feria dominical era "ilegal" y anunciaba una clausura sin antes hablar con los vendedores ambulantes afectados por la misma. "A mí, la palabra ilegal me ha parecido excesiva", dijo el líder 'popular', que instó a la edil a establecer una mesa de diálogo con los comerciantes antes de prohibir esta feria. "Es el mercadillo que más me gusta de Pontevedra. Me gustan los cómics antiguos y, a veces, los encontraba allí", afirmó.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Goyo Revenga, cree que la polémica generada por el PSOE revela falta de diálogo con su socio: el BNG.

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