El antaño concejal del Ayuntamiento de Santiago Juan de la Fuente (PP) ha sido condenado por el juzgado de instrucción número dos de Compostela como autor "plenamente responsable de un delito de falsedad" de documentación alusivo a subvenciones incorrectas otorgadas a entidades vecinales.
Juan de la Fuente abandonó la corporación compostelana en junio del 2014, cuando junto a seis de sus compañeros del PP local fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
En un principio la sentencia por falsificación documental condenaba al exconcejal a 16 meses de prisión y 6 meses de multa, pero la conformidad entre la defensa, el Ministerio Fiscal y el letrado de la acusación particular, ejercida por la CIG, permitió que la imposición de los 16 meses de cárcel fuese sustituida por 32 meses de multa.
Finalmente la sentencia por conformidad condena a De la Fuente a un total de 38 meses de multa, a razón de 10 euros por día, lo que suma un total de "unos 11.500 euros".
Así lo ha explicado el responsable de la sección sindical de la CIG en el Ayuntamiento de Santiago, Xavier Picón, quien ha celebrado esta sentencia que acredita "dónde estaba verdaderamente el delincuente", ya que además el condenado "en ningún momento llegó a admitir los hechos" que se le imputaban.
Así las cosas, Picón ha criticado la postura del Gobierno local que no se presentó en ningún momento como parte perjudicada a pesar de ser "las evidencias tan grandes". De este modo ha enjuiciado la forma "muy peculiar de entender el interés general" por parte del gobierno municipal.
Además, el responsable de la CIG ha demandado también que el propio Ayuntamiento gestione "la devolución" del dinero adjudicado mediante la documentación falsificada que asciende a 2.900 euros.
Picón también se ha referido a la posición de la persona que denunció la falsificación de las facturas, Miguel Vilariño, a quien el Gobierno local trató de "desacreditar", por lo que ha reclamado al Ayuntamiento que le "pidan una disculpa".
Además ha insistido en que, conforme a una sentencia del pasado mes de julio, Vilariño debe ser restituido en su puesto de trabajo en el departamento de Relaciones Vecinales, del que se le apartó tras el escándalo, una situación "parecida" a la relacionada con los puestos de interventor y secretario, por lo que el Ayuntamiento también fue condenado.
