Condenan a dos panaderos por "obligar" a trabajar a sus empleados 363 días al año

Sortean la cárcel tras reconocer los hechos, abonar a doce empleados todas las horas extra e ingresar 240.000 euros a la Seguridad Social

Magistradas de la sección cuarta de Pontevedra. GONZALO GARCÍA
photo_camera Magistradas de la sección cuarta de Pontevedra. GONZALO GARCÍA

"Los dos investigados vienen exigiendo a los trabajadores a su servicio que acudan a su puesto de trabajo todos los días al año excepto dos, el día de Navidad y el de Año Nuevo". Esta frase, extraída de la sentencia, resume el delito atribuido a dos panaderos pontevedreses que reconocieron los hechos y abonaron más de 400 días de horas extra a sus empleados para eludir el ingreso en prisión. El juez coincide con el fiscal y les considera autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y dos más de fraude a la Seguridad Social. Por este último deberán abonar a las arcas públicas 238.754 euros, condición indispensable para obtener la rebaja en la pena de cárcel acordada en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los procesados, según el dictamen, infringieron todos los derechos de la legislación laboral, mientras que sus empleados "se veían obligados a aceptar estas condiciones ante el temor de perder sus puestos". Si bien el convenio de la panadería permite establecer jornadas en domingos y festivos siempre que lo acepte el trabajador, los investigados no abonaban a sus trabajadores las correspondientes horas extraordinarias, al tiempo que ocultaban tal circunstancia a la Seguridad Social. Tampoco compensaban el trabajo a mayores con descanso, según detalla el fallo de la sala cuarta pontevedresa.

"Entre el 26 de enero de 2013 y el 26 de enero de 2017, los trabajadores de la empresa prestaron sus servicios en un total de 203 sábados y 252 domingos y festivos sin percibir el importe de las horas extraordinarias", añade el dictamen, que deja claro, como se ha dicho, que tampoco satisficieron los ingresos a la Seguridad Social.

Junto a las citadas responsabilidades civiles, la sentencia incluye dos penas de tres meses de prisión para cada uno de los encausados (por cada uno de los delitos relatados), además de la imposibilidad de recibir ayudas o exenciones fiscales durante nueve meses. Además, el tribunal les impuso sendas penas de multa que suman unos 30.000 euros en cada caso.