La avalancha de los Erte dará paso a un aluvión de concurso de acreedores que promete dar la estocada definitiva al mercado laboral. Así lo pronostica el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra, Raúl Eugenio Gómez Villaverde, el mismo que ya en marzo, tan pronto se decretó el estado de alarma, auguró la cascada de expedientes de regulación de empleo que finalmente asoló la provincia.
A su juicio, la falta de liquidez terminará de asfixiar a un número importante de empresas que se quedarán sin capacidad para pagar siquiera las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores en Erte, de modo que "muchas acabarán pidiendo el concurso". Si sus quinielas aciertan, esto se traducirá en una oleada de "despidos colectivos" y en un nuevo "resurgir" del Fondo Garantía Salarial, Fogasa, que al igual que ocurrió tras la crisis inmobiliaria, "tendrá que soportar una carga de trabajo muy fuerte".
RETRASOS DE PAGOS. El portavoz de los graduados sociales ya tiene sobre la mesa los expedientes de tres empresas que ya han iniciado el proceso concursal y algo le dice que la montaña de casos irá creciendo hasta llegar a niveles de "2010 o 2011".
En términos generales el Fogasa abona el 100% de hasta cuatro meses de salario y un tope de 20.000 euros en concepto de indemnización, por lo que para muchos trabajadores la vía del concurso implicará una pérdida salarial notable en comparación a un despido convencional. Además, a esto hay que sumar el tiempo de espera hasta que el abono se hace efectivo, pues el concurso debe ser aprobado en los juzgados, "que ya en este momento sufren un retraso descomunal".
Varios agentes del mundo laboral predicen que muchos Erte acabarán desembocando en Ere, es decir, en expedientes de extinción de empleo. Gómez no lo ve tan probable, porque en este tipo de procesos "la empresa debe abonar más dinero" al tener que encarar una indemnización mínima por cada trabajador de 20 días por año. Sin embargo, el graduado no pierde la oportunidad para pedir a la Administración que supervise que se haga un uso correcto de esta figura, pues los antecedentes inducen al recelo. "En la anterior crisis hubo sociedades que se aprovecharon de los eres para liquidar a muchos trabajadores con 20 o 30 días", en lugar de los 45 que tocaban por ley.
PREVISIONES. El presidente del Colegio calcula que en la actualidad están en Erte un 20% de los trabajadores que llegaron a estar afectados por este tipo de expedientes, lo que a nivel provincia se puede traducir en más de 15.000 empleados. No obstante, augura que el montante irá subiendo conforme avance el año, debido principalmente a las restricciones posibles y el cierre progresivo de las actividades vinculadas al sector turístico. "Es el momento más crítico del turismo que vivimos desde la segunda guerra mundial, así que todo pinta a que va a ser un invierno muy duro", añade.
El Colegio de Graduados Sociales estima que el 90% de las empresas a las que le fue reconocido un Erte de fuerza mayor han aceptado la prórroga automática prevista en el Real Decreto del 30 de septiembre, y que el 10% restante se acogerá a los otros dos tipos de Erte regulados en esa norma: los de impedimento y limitación (cuyas rebajas fiscales son mucho menores). Sin embargo, en la opinión de Gómez, el abanico de empresas que pueden recurrir a los expedientes fuerza mayor (reservados a 32 actividades profesionales) se queda corto para la situación de emergencia, incluso a pesar de que la Administración admita adhesiones de empresa que demuestran que pertenecen a la cadena de valor de una sociedad con derecho a estos Erte. "Es injusto. Si una fábrica arde, la gente se va a un Erte de fuerza mayor y no se incorpora hasta que la empresa está en plenas condiciones. Pues aquí el país ha ardido y no está preparado para volver a funcionar", concluye.
