Camino del Juzgado. El futuro del Pazo de Lourizán acabará en un recurso contencioso administrativo que la Deputación amenaza con presentar contra la Xunta de Galicia. ¿El motivo? La falta de acuerdo sobre cómo, quién y cuándo se debe rehabilitar el maltrecho pazo, necesitado de una profunda y costosa reforma.
Este martes, la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, le puso cifras, en concreto 14 millones de euros para la recuperación y adecentamiento. Y también fijó las responsabilidades: "Es una competencia de la Xunta y es la Xunta la única que debe hacerse cargo", sentenció.
Para que así sea, remitió un requerimiento desde la Deputación a Vicepresidencia, con el apercibimiento de que el siguiente paso se dará ante la justicia ordinaria.
Desde la Xunta, la versión es bien distinta. La Administración autonómica recuerda que existía un proyecto de recuperación integral del pazo de Lourizán, para transformarlo en un centro de investigación forestal. El único problema es que la Xunta proponía para ello un socio privado que se haría cargo de todos los costes. Y ese partner no era otro que Ence, una firma que, a juicio de la Deputación, está completamente vetada para colaborar en esta tarea. Tanto que, Carmela Silva, señaló textualmente este martes que "si lo que pretende la Xunta es que Lourizán sea un centro de investigación de Ence, la respuesta es tajantemente ¡no!".
La disputa no es nueva, pero este paso al frente camino de la justicia ordinaria sucede en plena campaña electoral de las municipales. Y focalizada en dos protagonistas: la propia Silva Rego y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien se ocupó de localizar al socio para financiar el proyecto y propuso su ejecución, hecho que rechazó de inmediato la Deputación, dejando el problema en un estado de bloqueo que solo se resolvería si el Ejecutivo autonómico asumiera la inversión del proyecto en su totalidad.
La misiva remitida el martes desde el Pazo Provincial a San Caetano es contundente en este sentido: "Enviamos requirimento para que á maior brevidade cumpra coa súa obriga legal de efectuar ás obras de conservación necesarias para o mantemento da zona nobre da Finca de Lourizán. Trátase do último paso, previo á interposición do recurso contencioso-administrativo que a institución provincial presentará se no prazo dun mes o requirimento non é contestado pola Consellería. Se a Xunta non dese resposta, se entenderá como rexeitado polo que quedará expedita a vía contencioso-administrativa".
Recuerda también el organismo provincial que la última estimación económica realizada sobre todos los trabajos necesarios para reformar el inmueble superaba ligeramente los 14,2 millones de euros, que es la inversión reclamada ahora a la Xunta. Además, la desde este martes polémica carta aclara que, "tendo en conta que o Pazo é un inmoble de elevado valor histórico e patrimonial e integrado no Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia, a Deputación remitiu outro escrito á Secretaría Xeral de Cultura poñendo no seu coñecemento o deber da Xunta da conservación do Pazo de Lourizán, sen que ata agora tivese resposta algunha".
