La Real Federación Española de Fútbol anunció el pasado miércoles su firme intención de luchar para que las competiciones que actualmente están en curso se terminen. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, incluso proyectó un escenario de ampliación más allá del 30 de junio, fecha oficial en la que finaliza la actual temporada 2019-2020 y, con ella, numerosos contratos entre futbolistas y clubes en las cuatro primeras categorías del balompié nacional. Sin embargo, la hipótesis de continuar la competición en verano hasta que finalice choca frontalmente con el derecho laboral, al que se podrían acoger los jugadores para negarse a jugar a partir del 1 de julio.
El abogado experto en derecho laboral y deportivo, Pablo Estévez, trata de poner luz al asunto: "Una cosa es la ficha o el vínculo federativo y otra cosa es el contrato de trabajo. Ambos tienen vidas en paralelo". Para el jurista vigués, asesor de varios clubes de fútbol profesionales, "jurídicamente resulta complicado pensar que se pueda prorrogar la competición más allá del 30 de junio". "La Federación no puede obligar a un jugador a seguir en un club más allá de cuando finaliza su relación laboral, ya que iría contra el derecho individual al trabajo. Cualquier persona debe poder elegir la empresa para la que trabaja, así que es complicado que futbolistas jueguen con su equipo actual a partir del 30 de junio si ya han firmado por otro", expresa Estévez.
En este sentido, el abogado apunta que solo cabría un "acuerdo unánime" entre los clubes y todos los jugadores. "Habría que contar con las voluntades individuales de todos los trabajadores", apunta. De hecho, tanto es así que Estévez descarta que un pacto entre RFEF, LaLiga, los clubes y la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) fuese suficiente: "La AFE no es un sindicato al uso. Y además, no todos los futbolistas están afiliados a ella. El acuerdo debería ser universal".
Por otro lado, sobre los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte), Estévez apunta que "no todos los clubes van a presentarlo". "Depende mucho de la liquidez y masa salarial o de la situación. Hay clubes que se jugarán mucho e igual prefieren no hacer un Erte para evitar mal ambiente en su plantilla", dice.
En este sentido, conviene aclarar que hay dos tipos de expediente. Por un lado, la suspensión parcial del contrato, por la que se reduce un 70% la jornada. El club paga el 30% proporcional por los servicios que el futbolista sigue prestando. El 70% restante lo cobra a raíz de la base de cotización media de los últimos seis meses. El máximo son unos 3.000 euros. Como habrá jugadores que pierdan ingresos, el club puede pactar con ellos alguna retribución adicional (las entidades están más liberadas porque se ahorran las cotizaciones a la Seguridad Social).
Por otro lado, la mayoría de clubes de Segunda B se están acogiendo a una suspensión total del contrato. "Es discutible. Si es así, los jugadores no pueden ser requeridos para nada", matiza Estévez, que reconoce que el hecho de que una vez reincorporados los trabajadores tengan que seguir vinculados seis meses a la empresa es algo "interpretable a día de hoy". "Estamos a la espera de norma de desarrollo, pero lo lógico sería que hubiese un compromiso por mantener el volumen de empleo, no los mismos empleados, ya que los contratos en el fútbol son de carácter temporal", finaliza.
