PONTEVEDRA. La última jornada del juicio por presunto blanqueo de capitales contra el narco Antonio Carballa Magdalena y varios familiares y allegados dejó ayer un poso de cierto sentimentalismo por los alegatos finales de los acusados. El líder del clan familiar declaró ante el Tribunal que «siento mucho que mi familia se vea arrastrada por mí, pero desde que en 2004 salí de prisión intento llevar una vida en el lado bueno de la ley, pero no me dejan», en alusión a los reiterados juicios a los que se ha enfrentado por sus actividades ilegales.
Algo más dramático fue el testimonio de su esposa, María Luisa González, quien, entre sollozos, recordó que «llevo 40 años trabajando y llevando la carga de mi marido, y no quiero que le pase lo mismo a mis hijos». La acusada se refería, especialmente, a Beatriz Carballa, sentada también en el banquillo de los acusados junto a su marido, Daniel Donoso, y los hermanos Jonatan y Diego Prado, amigos de la familia e hijos de Manuel Prado López, igualmente imputado pero en paradero desconocido durante la instrucción.
Antes de que el juicio quedase visto para sentencia, el fiscal Antidroga, Luis Uriarte, mantuvo su petición de seis años de prisión y multa de diez millones de euros para el patriarca del clan Carballa; cinco años y 3,6 millones para su esposa; cinco años y 1,2 millones para su hija; cuatro años y 300.000 euros para su yerno; y cuatro años y multa de 1,7 millones de euros para cada uno de los hermanos Prado Padín.
El representante del Ministerio Público no tiene ninguna duda de que el patrimonio que amasaron Antonio Carballa y su familia desde 1994 tiene origen ilícito. «Ha estado dedicado al narcótrafico durante 15 años de su vida y ha ganado mucho dinero», dijo.
De hecho, reveló que «cuando se iniciaron estas pesquisas se le estaba investigando por narcotráfico» y recordó que fue condenado a 26 años de prisión, «por lo que no ha trabajado en ese tiempo», de modo que no hay otra forma de justificar los fondos con los que adquirió diversos pisos, fincas, coches y motos.
Sus colaboradores. Según el fiscal, los otros cinco acusados deben ser también condenados porque se prestaron para que Carballa blanquease dinero. Una prueba clave la ve en que buena parte de las actividades de compraventa de propiedades se realizaron a través de la empresa Sanxenxo Urbanizaciones, «detrás de la que estaba Antonio Carballa».
«Todos reconocieron que figuraban porque él no podía por sus problemas judiciales. En definitiva, su intervención fue a modo de testaferros para blanquear dinero», sentenció el fiscal.
Su hija Beatriz se había defendido en el juicio asegurando que todo lo que obtuvo fue gracias a su trabajo, el de su marido, un préstamo y una generosa donación de 159.500 euros de su abuelo. El fiscal pone en duda esta posibilidad «porque compró una plaza de amarre de 26.000 euros en Combarro un mes después de empezar a trabajar» y porque «es imposible que su abuelo le prestase tanto dinero» procedente, supuestamente, de la venta de fincas cuando por este concepto los informes periciales indican que solo ingresó 62.000 euros.
En el caso de los hermanos Prado Padín o de las personas que realizaron negocios con Carballa supuestamente sin saber que se dedicaba al narcotráfico, Luis Uriarte considera que «no había nadie en O Salnés que no supiese que Antonio Carballa estaba vinculado con esta actividad».
Mientras que la defensa sostiene que sí es comprensible que la familia de Carballa adquiriese todos los bienes que están en entredicho, el fiscal insiste en que en el juicio también ha quedado probado que otra de las actividades del principal acusado era actuar de prestamista de diversos vecinos de O Salnés. «Esos préstamos se han hecho porque en el registro de la vivienda se encontró un papel de su puño y letra que ponía ‘estas personas me deben dinero’ y durante el juicio se ha probado», señalan.
