La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se encontró ayer con un juicio poco frecuente. El acusado, un veinteañero vecino de la capital provincial, se acogió a su derecho a no prestar declaración ante el tribunal pese a que se enfrenta a una posible pena de seis años de prisión por un delito contra la salud pública agravado por tener a jóvenes, muchos de ellos menores de edad, como sus supuestos clientes.
Un niño de 15 años, otros dos de 17 y varios más de entre 18 y 22 reconocieron que adquirieron distintas cantidades de hachís al procesado, Samuel P.V., tanto en las inmediaciones de la gasolinera de O Burgo como en otros puntos de la Boa Vila. "Estaba con mi hermano y nos pillaron unos porros", dijo uno de los testigos. "No sé si Samuel vende hachís", dijo otro. "Le conozco de comprarle", espetó un jovenzuelo. Otro de los comparecientes aclaró que fue la novia de Samuel la que le entregó las sustancias. De la docena de jóvenes que prestaron declaración, solo uno dijo no conocer al procesado y negó cualquier tipo de transacción, pese a que todas ellas fueron documentadas, bien por agentes de la Policía Local, que iniciaron las pesquisas, bien por miembros de la Policía Nacional, que continuaron con las investigaciones.
A continuación intervino el jefe del operativo, que señaló que el acusado y su pareja "casi siempre iban juntos". Sobre la cadena de custodia de las sustancias decomisadas, explicó que "se guardan en una caja fuerte hasta que se remiten a Sanidad".
La Fiscalía señaló que en uno de los teléfonos incautados al acusado constan varios grupos de WhatsApp con al menos nueve personas, "varias de ellas menores que tienen por objeto contactar con los mismos para la venta de hachís".
Los agentes aseguraron que el acusado vendía en dos viviendas de la ciudad, principalmente en una de O Burgo. En el otro domicilio, en la calle José Millán, le intervinieron más de 350 gramos de hachís, además de cocaína y MDMA.
