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Lo que dice el miedo

Miguel Olarte / Barra libre | Barra libre

Miguel Olarte / Barra libre | 27 de abril de 2020

Carlos Lesmes. FERNANDO ALVARADO (EFE)
Carlos Lesmes. FERNANDO ALVARADO (EFE)
Nadie confía menos en la independencia del Poder Judicial que los propios jueces

POCAS COSAS HAY que digan tanto sobre nosotros mismos, que nos definan de una manera tan precisa, que nos dejen tan indefensos ante la mirada ajena como nuestros miedos. Esa reacción primitiva e incontrolable que nos provocan hacen que bajemos la guardia y nos ponen a la intemperie ante los demás.

Por ejemplo, está claro que no hay nada que cause más terror en el Poder Judicial institucionalizado de este país que una crítica, sea cual sea y por el motivo que sea, de la izquierda. Y si esa izquierda es Podemos, la reacción es inmediata, desaforada y, por lo general, ridícula por lo desmesurada, pues remite a terribles amenazas a la independencia judicial y la división de poderes.

Esto deja en evidencia dos cosas: primero, la poca confianza que el Poder Judicial tiene en su propia independencia y en su voluntad de resistencia; y, segundo, una hipocresía que resultaría insultante si no fuera porque hace mucho tiempo que la mayor parte de los ciudadanos de este país sabemos el enorme problema que tenemos con la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial y de los miembros de las principales salas de los altos tribunales. A partir de ahí, reacciones histéricas como las que acostumbra el CGPJ del siniestro Carlos Lesmes cada vez que un líder izquierdista rojo peligroso critica una sentencia, con razón o sin ella, son pellizcos de monja.

Siguiendo con los miedos, por ejemplo, mucho más que un simple tuit me asustan algunas de las medidas que el CGPJ está proponiendo para enfrentar la avalancha de casos que se espera tras la reanudación de la actividad judicial. Sobre todo porque gran parte de esas medidas van encaminadas a limitar el acceso a la Justicia y el derecho a la defensa de los ciudadanos. Ya que no tengo los medios para gestionar lo que me viene encima, ha pensado el órgano de gobierno de los jueces, mejor evito que se puedan presentar gran parte de ellos, en base a multas coercitivas o incrementando las cuantías mínimas, lo que dejará fuera un montón de reclamaciones.

También me produce temblores preventivos la noticia de que el Ministerio de Justicia haya encargado a Antonio Garrigues la coordinación del anteproyecto de la nueva ley del derecho a la defensa. Que el presidente del mayor despacho privado de abogados del país vaya a marcar las pautas de una ley que debe regular aspectos como la tramitación de procedimientos, el turno de oficio o la asistencia jurídica gratuita no me tranquiliza como ciudadano, aunque no sé si a las señorías independientes dependientes de Lesmes esto les importa mucho, poco o nada.

No se trata de poner en cuestión el Poder Judicial español ni el sistema. Por fortuna, en su mayor parte funciona con bastante eficacia pese a sus carencias de medios. Pero quizás no se pueda decir lo mismo de su cúpula.

El CGPJ está en funciones desde hace casi dos años; los presidentes de algunas de las salas más importantes del país están bajo sospecha por los cambalaches de sus nombramientos; sentencias de los tribunales europeos nos sacan los colores cada semana; los informes de Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa insisten machaconamente en que España sigue sin poner remedio al problema de la politización de la Justicia... ¿De verdad el gran riesgo para la independencia judicial en España es un tuit, lo escriba quien lo escriba? ¿De qué tienen miedo?

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