El director de RRHH que estafaba a su empresa acepta cuatro años de cárcel

El procesado presentó facturas elaboradas por él o por un tercero al departamento financiero para incorporar el dinero a su patrimonio personal
Audiencia Provincial de Pontevedra. DAVID FREIRE
photo_camera La negociación se desarrolló en la Audiencia. DAVID FREIRE

Tras una larga negociación que se extendió durante más de una hora en la misma sala segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, el representante legal de Fernando C.R., director de Recursos Humanos de un grupo empresarial afincado en O Porriño, llegó a un acuerdo con la acusación particular y con la Fiscalía para, por la vía de la conformidad, poner fin al proceso judicial que le llevó a juicio. El pacto incluye una condena a cuatro años de prisión, dos menos de los que pedía la acusación particular y algo más de lo que solicitaba el Ministerio Público, por un delito continuado de estafa agravada en concurso con otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El encausado, además, aceptó el pago de más de 150.000 euros en concepto de responsabilidad civil, el equivalente a las cantidades de las que se apropió de forma ilícita en su momento. Deberá hacer frente, igualmente, a una multa de diez meses a razón de seis euros diarios.

En virtud de este acuerdo se consideran hechos probados que el procesado presentó facturas elaboradas por él o por un tercero al departamento financiero para incorporar el dinero a su patrimonio personal.

Según el relato que hace la Fiscalía en su escrito de acusación y que dio por bueno el propio procesado en la Audiencia, el hombre presentó varias facturas entre 2013 y 2015 "que aparentaban reflejar operaciones que en la realidad no habían existido, que habían sido confeccionadas por él o por un tercero, siendo plenamente consciente el acusado de su total falta de veracidad".

El relato del Ministerio Público pontevedrés añade que "de este modo lograba que el grupo de empresas, creyendo estar abonando servicios realmente prestados, pagaba cantidades monetarias que a continuación el acusado hacía suyas; o bien eran destinadas al pago de sus gastos personales".

Tras el acuerdo, que se considera firme (lo que impide cualquier recurso por parte del investigado ante instancias superiores), resta por saber si el acusado deberá ingresar en prisión. Eso es lo que parece a tenor de la gravedad de los hechos y la pena impuesta, superior a los dos años, pero aún no es definitivo.