La fiscal ha comunicado hoy, en el juicio contra el narcotraficante Marcial Dorado Baúlde y otros 14 acusados de blanqueo de capitales procedentes de la droga, que la ley aprobada este año que restringe en España la justicia universal no impide celebrar esta vista.
La Audiencia Nacional celebró la segunda jornada el juicio, en el isleño se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, tres hijos suyos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.
Marcial Dorado, que se enfrenta además a una petición del fiscal de pago de una multa de 42 millones de euros, cumple una condena de diez años de prisión por tratar de introducir en España casi ocho toneladas de cocaína en el barco South Sea, abordado por la Policía en aguas del océano Atlántico el día 10 de octubre de 2003.
La fiscal rechazó la nulidad de actuaciones planteadas por las defensas, que pretenden la suspensión del juicio y cuya resolución será notificada mañana por el Tribunal. En el caso de que fuesen desestimadas las cuestiones previas planteadas por las defensas, se iniciaría el interrogatorio de los acusados, según explicó la presidenta del Tribunal, Manuela Fernández Prado.
Uno de los abogados defensores, Gonzalo Boyé, planteó que con la reforma de la ley de justicia universal la causa debe ser sobreseída y suspenderse el juicio, al haber perdido España la jurisdicción, dado que el supuesto blanqueo de dinero objeto de acusación se habría materializado en el extranjero, en concreto en Suiza.
Sin embargo, la fiscal calificó de «exagerado» que se pida la aplicación de la reforma de la ley de justicia universal recordó que todos los que se sientan en el banquillo de los acusados son españoles y que, dado el tipo de acusación que se formula en esta causa, no es de aplicación la nueva norma aprobada este año en España.
La fiscal mantuvo la tesis de que Audiencia Nacional es competente, además de recalcar que Marcial Dorado está acusado de encabezar una organización para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
No se trata de una causa ya juzgada, agregó, pues la sentencia de los tribunales suizos sobre estos hechos afecta a un ciudadano del país helvético, y Suiza delegó en España el enjuiciamiento de Marcial Dorado, dado que además la investigación comenzó antes por un juzgado español.
También rechazó la fiscal que hayan prescrito los delitos por el tiempo transcurrido desde los hechos, ya que a su juicio es algo que hay que acreditar en el juicio.
Desigualdad
Otro abogado defensor, Joaquín Ruiz-Jiménez, denunció la desigualdad de trato en el procedimiento respecto al fiscal y puso como ejemplo que mientras a la Fiscalía se le ha aprobado que declaren 51 testigos, que propuso sin justificar su necesidad, a la defensa solo se le aceptaron 20 de los 32 que ha planteado, y son los que coinciden con los del fiscal.
Entre las personas que este letrado pretende que testifique en el juicio, se encuentra José Antonio Vázquez Taín, el juez de que comenzó a instruir en Vilagarcía esta causa antes de enviarla a la Audiencia, ya que quiere preguntarle sobre la labor de confidente que, según indicó, hizo su cliente, que es uno de los acusados en este procedimiento.
