El edificio municipal de Santa Clara se transformará, tras su remodelación a finales de año, en un espacio de gestión compartida orientado a temas de igualdad.
El proyecto, que estará financiado con casi 91.000 euros por los fondos EDUSI, se realizará aprovechando el traslado de las oficinas del Grupo de Desenvolvemento Rural GDR Pontevedra-Morrazo. El objetivo es convertir la primera planta del edificio, que quedará vacía, en una infraestructura multidisciplinar que sirva para acoger diferentes actividades vinculadas y relacionadas con la integración de las mujeres, según la portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, "en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito económico".
Además de los actuales servicios que ya ofrece el Centro de Información a Muller (CIM) relacionadas con la integración económica de mujeres víctimas de violencia de género, se desarrollarán actividades colaborativas para compartir diferentes experiencias. El proyecto de ampliación también abarcará la plaza José Martí, situada delante del edificio, para crear un sitio conjunto entre el espacio público y el edifico de Santa Clara.
El plan de remodelación, que ya empezó la fase de contratación administrativa, se ejecutará en un plazo de dos meses, por lo que se espera que a finales de año ya se puedan utilizar las instalaciones con los nuevos espacios disponibles.
Gulías informó de que, tras el cambio, cualquier asociación o ciudadano que proponga una actividad relacionada con igualdad y lo solicite, podrá acudir a Santa Clara, que se espera que sea un espacio de cooperación.
En la Xunta de Goberno también se aprobaron certificaciones de obras en relación a la reurbanización de la calle San Martiño y Eirado Alvar Páez por un importe de 138.303 euros. Dichas obras fueron financiadas por los fondos ARI (Área de Rehabilitación Integral) concedidos para el casco histórico de la ciudad. Igualmente,se concedió una segunda certificación correspondiente a las obras de reurbanización en Marqués de Valterra por 56.327 euros financiados por varias administraciones, incluido el Goberno local.
Reclamación patrimonial
Otro de los recursos interpuestos fue una reclamación por responsabilidad patrimonial a causa de la caída de una ciudadana en Benito Corbal por una baldosa levantada. La persona demandaba una indemnización de 18.654,76 euros por lesiones físicas. Sin embargo, la sentencia fue archivada sin ninguna consecuencia para el Concello porque el levantamiento de la baldosa no era de más de 1 centímetro.
