La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional abrirá el lunes la inscripción para el proceso de oposiciones docentes. El departamento de Carmen Pomar ha tomado esta decisión tras considerar que no se dan las garantías jurídicas necesarias para poder acumular las plazas de la Ope de 2020 y las de 2021, y con el objetivo de tratar de blindar el proceso aplazado al próximo año.
A pesar de ello, Educación se ha comprometido a buscar alternativas con sus servicios jurídicos para estudiar si existe la posibilidad de impulsar esta medida y contar con el amparo necesario para que no peligren las más de 3.600 plazas previstas para 2020.
Así lo ha trasladado este martes a los representantes sindicales de CIG-Ensino, CC.OO-Ensino, ANPE y FeSP-UGT durante la mesa sectorial de la enseñanza.
La principal vía que defendían el Gobierno gallego y los sindicatos para lograr esta acumulación de plazas era la modificación del Real Decreto de función publica docente.
La Ope gallega de 2020, aplazada al próximo año debido a la crisis sanitaria, se convocó al amparo de un acuerdo de estabilización entre sindicatos y el Gobierno central, que fue suscrito en el año 2017.
Este pacto abrió al posibilidad a las comunidades de ofertar plazas por encima del número de jubilaciones con el objetivo de reducir la temporalidad en los cuadros de personal.
El texto que regula el actual proceso de oposiciones en Galicia, y en el que se incluyó este acuerdo de estabilidad, agota ya su periodo de vigencia, por lo que una hipotética oferta de plazas de 2021 ya se regularía a través de una normativa diferente (de ahí la petición de prórroga para permitir sumar las Ope.
DISCREPANCIAS CON EL MINISTERIO. La Consellería de Educación hizo una propuesta de modificación al Ministerio para el nuevo texto del Real Decreto de función pública docente, con el objetivo de contar con amparo jurídico para poder acumular ambos procesos de oposiciones en una misma convocatoria.
Asimismo, organizaciones sindicales como la CIG-Ensino formalizaron su propia propuesta en la Mesa Sectorial del Estado, aunque los votos en contra tumbaron las alegaciones presentadas.
El departamento de Celaá contestó este mismo martes rechazando la propuesta remitida por la Xunta. El Ministerio argumenta que el postulado trasladado por la Consellería necesitaría "rango legal" en la Ley de Presupuestos para el próximo año, cuestión que estaría en las manos del Gobierno y de las Cortes y que escaparía a sus competencias.
