Más de un centenar de personas se concentraron este miércoles frente al Parlamento de Galicia para manifestar su rechazo al decreto que permitirá la creación de siete nuevos centros integrados de educación profesional, mientras la Cámara abordaba este asunto en su sesión plenaria.
En la concentración, que coincidió con una movilización de los ''indignados'' de Compostela, estaban presentes estudiantes, profesores, apoderados y representante sindicales de CIG, CC.OO. y STEG con pancartas que rechazaban la reconversión y los recortes de unidades educativas y del profesorado.
Según la CIG, esta normativa implicaría la supresión de 73 unidades de ESO y bachillerato, con la pérdida de 198 puestos de trabajo y la desaparición de 1.531 plazas escolares públicas.
MEIJÓN Y ADÁN
La movilización transcurría tranquilamente hasta que los portavoces de educación de los grupos parlamentarios del BNG y del PSdeG, Carme Adán y Guillermo Meijón, salieron del Parlamento para conversar con los manifestantes para expresar su rechazo al decreto, hasta que fueron increpados por un manifestante.
Los parlamentarios fueron acusados de estar ''despilfarrando'' el dinero de los impuestos y de ''corruptos'', que ''no forman parte de la solución, sino del problema''.
Antes de esto, la parlamentaria nacionalista dijo que esta decisión de la Xunta ''perjudica fuertemente a la educación pública'', y apoyó la movilización, mientras que Meijón indicó que el decreto demuestra las ''mentiras y falsedades'' de la Consellería, que actúa ''obviando todo control democrático''.
Por su parte, el representante de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, indicó que este proyecto supondría ''potenciar la enseñanza privada'', pues los alumnos serán derivados a la educación concertada y las aulas de los centros públicos estarán ''al máximo permitido''.
Para el sindicalista esta decisión tiene una perspectiva ''exclusivamente economicista que va a empeorar la calidad de la educación''.
También criticó el procedimiento con el que se ha tomado esta decisión, que calificó como ''impresentable, injustificable e inadmisible'', y precisó que el conselleiro de Educación había negado la medida en una mesa sectorial y en una interpelación del BNG, lo que demuestra la manera oscurantista con la que se ha sacado este decreto.
''Lo lógico y lo normal es que se abriera un debate durante un curso escolar'', dijo Louzao, quien indicó que esta decisión se tomó así porque ''saben que están llevando a cabo un recorte importante a la educación pública''.
Para Louzao, el decreto de la educación integrada tiene dos objetivos: ahorrar recursos y potenciar el desvío del alumnado a la educación privada concertada.
