"Es una acción para casos en los que se produce un abuso por parte de una empresa o entidad de esta naturaleza". El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, señala que la situación que se vive en relación con las obras de Rande y los atascos "es uno de los escasos ámbitos civiles en los que estamos legitimados para intervenir", en alusión a lo que considera un hecho del todo punible achacable a Audasa. "Según parece no existe ninguna notificación de obras y, sin embargo, obligan a los usuarios de la AP-9 a reducir la velocidad y a conducir a través de carriles específicos, sin rebaja alguna del peaje. El consumidor paga como si la infraestructura estuviese en perfecto estado de revista".
Esta situación, que llegó a la Fiscalía a través de las innumerables noticias en los medios de comunicación sobre embotellamientos en Rande y, especialmente, después del escrito elaborado por la Valedora do Pobo, ha desembocado en el inicio de acciones legales por parte del equipo del Ministerio Público pontevedrés, lideradas por el especialista en consumo, Álex Tuero. Precisamente en la jornada de ayer se concretaron algunos de los movimientos, en forma de requerimientos y peticiones a la empresa y a la DGT. A través de ellos, el fiscal pretende conocer, por una parte, el número total de usuarios afectados por las prácticas presuntamente abusivas de la empresa y, por otra, cualquier otra circunstancia que pueda aportar la Dirección General de Tráfico en relación con los trabajos que se están ejecutando en el viaducto cuando la obra lleva cinco meses oficialmente inaugurada.
Un pontevedrés que trabaja en Vigo y atraviesa Rande de lunes a viernes percibirá una media de 500 euros si prospera la reclamación
"Todos los usuarios podrán reclamar ante la jurisdicción Mercantil las cantidades que abonaron por hacer un tránsito en estas condiciones", señala el Ministerio Público, que indica que en un primer momento se inició una Acción de Cesación en Defensa de los Intereses Colectivos, al amparo de la Ley de Consumidores y Usuarios. Dicha acción obligaría, en su caso, a la empresa concesionaria a cesar en su conducta, esto es, a levantar las barreras o, en su caso, a reducir de forma sensible el precio del peaje a los vehículos que atraviesen la zona en obras.
La Fiscalía sitúa en el 31 de diciembre de 2017, cuando las autoridades dieron por inaugurada oficialmente la obra de ampliación del puente de Rande, el punto de partida a partir del que empezarían a contar las cantidades que Audasa deberá devolver a los consumidores. Desde ese momento los trabajos concluyeron oficialmente, aunque no de hecho, y precisamente la inexistencia de la notificación de las obras a las personas que acceden a la autopista es la principal causa de indefensión de los consumidores.
La Fiscalía hace hincapié en que oficialmente no existen obras, por lo que los conductores están indefensos
De este modo, cada vecino de Pontevedra que trabaja en Vigo podrá reclamar, previa presentación de los tickets o extractos bancarios, los 500 euros que, como media, abonaron por el trayecto entre ambas urbes entre el citado 31 de diciembre y la actualidad.
La Fiscalía, que prevé que el proceso sea rápido, presentará la demanda en cuanto reciba los datos que pidió ayer a través de oficios, incluida la acción de resarcimiento de las citadas cantidades satisfechas por los automovilistas en lo que va de 2018.
Existe, además, un precedente, en el que la concesionaria tuvo que devolver el dinero a clientes atascados por una nevada. Ocurrió en 2004 en Burgos.
