La Fiscalía toma cartas en Rande

El Ministerio Público abre diligencias contra Audasa en defensa de los derechos de los usuarios de la AP-9 y valora solicitar una indemnización a los clientes de la autopista por los peajes pagados en las colas de los últimos meses

Peaje de la AP-9 en Pontevedra. AEP
photo_camera Un peaje de la AP-9. AEP

La Fiscalía dio este miércoles un paso al frente y anunció la apertura de diligencias contra Audasa por los continuos atascos en la autopista a uno y otro lado del puente de Rande, en obras desde febrero de 2015. Plantea incluso exigir a la concesionaria que indemnice a los conductores y devuelva el dinero de los peajes.

A lo largo de los casi 1.300 días de obras en Rande, en al menos 900 se registraron importantes colas en las horas punta de cada jornada. Las retenciones superaron los seis kilómetros en muchos momentos y los retrasos por los tiempos de espera consumieron por encima de las dos horas en varias ocasiones.

La acción anunciada el miércoles por el Ministerio Público es de carácter civil (no penal) y afecta a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Guarda relación con la infinidad de quejas formuladas por conductores, políticos, medios de información e instituciones como los Concellos, la Xunta o la propia Valedora do Pobo.

En un escueto comunicado, la Fiscalía Superior de Galicia advierte de que está valorando "solicitar la indemnización o restitución a los usuarios afectados como consecuencia del tránsito por dicho tramo de las cantidades devengadas en el período de referencia». Y recuerda que, en caso de prosperar esta acción colectiva, ·sería necesario conservar la documentación que acredite el uso de la autopista en el período de duración de la obra".

No es la primera vez que los jueces obligan a una concesionaria de autopistas en España a devolver los peajes cobrados por no prestar adecuadamente el servicio.

La autopista registró atascos 900 días, de los más de 1.200 que lleva en obras la ampliación del puente y sus nuevos accesos

 

En 2010, el Tribunal Supremo confirmó la condena a la gestora de la AP-1, después de que miles de viajeros quedaran atrapados en una nevada en la provincia de Burgos en febrero 2004. La sentencia impuso el pago de 150 euros de indemnización a cada viajero en concepto de daños morales, así como la devolución de lo cobrado como peaje.

Los juzgados, que también condenaron a Audasa a pagar 300.000 euros en 2016 a un conductor accidentado por deficiencias en los guardarraíles, han sido más contundentes con las concesionarias de las carreteras que el propio Ministerio de Fomento. La totalidad de los expedientes abiertos desde el 2005 por el Gobierno central a las gestoras de las vías de peaje han concluido en un perdón. Además de las investigaciones abiertas por los colapsos causados por las copiosas nevadas, Fomento abrió dos expedientes en 2012 y 2014 contra la firma que dirige la AP-9 gallega por atascos y demoras en los puestos de peaje. Pero nunca llegó a imponer sanciones.

La acción colectiva de cesación anunciada este miércoles por la Fiscalía gallega pretende detener comportamientos ilícitos e impedir el riesgo de repetición de los mismos. Su ejercicio conlleva incluso la posible nulidad de las condiciones contractuales que Audasa haya esgrimido como excusa para no abrir los peajes ni devolverlos a los usuarios que los hayan reclamado por una deficiente prestación del servicio.

La concesionaria de la vía de pago gallega lleva toreando durante los últimos 41 meses las quejas de miles de usuarios enojados por los atascos derivados de las obras de ampliación del puente de Rande. En todo este tiempo esquivó las críticas de los alcaldes afectados en O Morrazo, Vilaboa, Pontevedra Redondela y Vigo. Superó también las amenazas del Ministerio de Fomento, que todavía este mes citó a Audasa para advertirle de que le obligaría a abrir las barreras si provocaba colapsos excepcionales. E hizo igualmente caso omiso de los tirones de oreja que le llegaron en varias ocasiones desde la Xunta de Galicia o la Valedora do Pobo.

Ahora Audasa tendrá que enfrentarse a un pleito y hablar por primera vez (aunque sea en sede judicial) de las retenciones ocasionadas por las obras. En los últimos tres años, jamás ha dado explicaciones, ni ha pedido disculpas a los usuarios, y nunca ha optado por levantar las barreras del peaje a pesar de los más que evidentes colapsos. Fomento tardó 40 meses en amenazar con ordenar la apertura de los peajes. Pero sigue sin hacerlo.

La obra más compleja hecha hasta ahora en una carretera española

Colgar dos nuevos carriles de circulación a ambos lados del puente de Rande ha sido definido por la concesionaria de la autopista como la obra más compleja hecha hasta ahora en una carretera española.

Los trabajos se realizaron a 148 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre una plataforma de 1.558 metros de longitud. Los carriles adicionales en Rande están anclados a la estructura antigua del puente y sujetados por 80 nuevos tirantes que obligaron a reforzar también los dos pilares del voladizo de la AP-9.

Cada día, el puente registra una intensidad media de circulación próxima a los 37.000 vehículos, que según los datos de Audasa se convierten en 70.000 durante gran parte de los fines de semana del año.

Junto al ensanche del puente, ha sido necesario construir accesos al mismo desde Vigo y O Morrazo. El objetivo es corregir la masificación que sufre este tramo y el que une la ciudad olívica con Pontevedra.

Se supone que los dos nuevos carriles aumentarán un 42% la capacidad del puente. Las obras, al menos en teoría, viven sus dos últimas semana, si bien Audasa no confirma aún la fecha precisa en la que concluirán los trabajos.

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