La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que ingresen en prisión cuatro de los 19 condenados en la pieza política de los Ere de Andalucía: los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez.
Guerrero y Fernández, que estuvieron en prisión cuando el caso estaba en la fase de instrucción, fueron condenados a la mayor pena de los exaltos cargos de la Junta de Andalucía: siete años y once meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación absoluta por malversación de caudales públicos y prevaricación. Viera y Márquez, por su parte, fueron condenados a siete años y un día de cárcel, así como a 18 años de inhabilitación por los mismos delitos.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a Efe que han solicitado la celebración de una vista en la Audiencia de Sevilla para decidir el ingreso en prisión de los cuatro exaltos cargos en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Antonio Fernández fue condenado después de que la Audiencia certificara "su participación directa" en la disposición de fondos públicos con "fines ajenos al que estaban destinados". También "permitió" que Guerrero dispusiera de esos fondos vinculados al programa 31L a pesar de que era conocedor de que ese alto cargo "no era competente para dar las ayudas".
Los exaltos cargos para los que el ministerio público pide prisión están condenados a penas de más de siete años
Respecto a Viera, que fue el consejero que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los Ere en Andalucía, impulsó las tres modificaciones presupuestarias en los años 2000 y 2001, que incluyeron el uso "inadecuado" del dinero destinado a las ayudas, según la sentencia. En esas modificaciones, "el único cambio operado fue pasar de la clasificación económica adecuada, la establecida para las subvenciones, a la prevista para el uso de las transferencias de financiación".
Guerrero, por su parte, ha sido un protagonista crucial en el caso de los Ere, pues las investigaciones iniciales de la jueza Mercedes Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre del 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de "fondo de reptiles". La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de las ayudas sociolaborales de los Ere, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo.
El sucesor de Guerrero, Juan Márquez, "siguió concediendo ayudas utilizando el mismo mecanismo que su antecesor, repitiéndose, en mayor o menor medida, los puntos que ya se habían denunciado por la Intervención en el informe adicional al de cumplimiento de la agencia, del ejercicio 2003", según la sentencia.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la inmensa mayoría de las defensas va a presentar estos recursos al alto tribunal pero considera que en estos cinco días de plazo dado por la Audiencia no da tiempo a justificar los motivos de la interposición de los mismos.
En total, 19 de los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados han resultado condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
