El Ministerio de Transportes salió este viernes al paso del aluvión de críticas que suscitó el hecho de que la Abogacía del Estado se haya personado en la causa por el cobro de peajes a los automovilistas durante las obras de ampliación del puente de Rande entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018, legitimando la actuación de Audasa, la concesionaria de la AP-9.
En una nota, el departamento que dirige José Luis Ábalos rechazó que el Estado haya trazado una estrategia procesal para defender a la filial de Itínere en el juicio que comenzará el martes en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra por supuesto cobro abusivo de las tarifas de uso del vial. Transportes sostiene que los informes elaborados por la Dirección General de Carreteras y las posibles "declaraciones" que tendrán que realizar los técnicos ante el juez "responden estrictamente a juicios técnicos, no encuadrándose en ninguna actitud política, impensable en un procedimiento judicial".
"Tampoco responden a una posible defensa de la concesionaria", asegura el ministerio, que dice estar "completamente de acuerdo" con que se le exijan responsabilidades en caso de haber "incumplido la normativa o sus obligaciones". En su defensa, el Gobierno central incide en que endureció el régimen sancionador aplicable a las concesionarias que ocasionen perjuicios significativos a los usuarios.
El ministerio público pedirá condenar a Audasa a "cesar en dicha práctica y abstenerse de utlizarla"
FISCAL. La Fiscalía, que ha recurrido la personación del Estado en la causa, comunicó este viernes que durante el proceso defenderá que se deben reintegrar los importes cobrados indebidamente a los conductores tal y como ya expuso en la demanda colectiva que presentó en diciembre de 2018 y a la que se adhirieron asociaciones de consumidores. El ministerio público incide en que las obras "afectaron de forma relevante y constante al tráfico", en detrimento de la "fluidez" de la circulación y derivando en embotellamientos.
En el proceso recalcará que el pago del peaje tiene carácter de contraprestación porque, a cambio, se entiende que el usuario debe poder transitar por una autopista en buenas condiciones. Por ello, además de la devolución del dinero y una indemnización por importe del doble de lo cobrado, pedirá condenar a Audasa a "cesar en dicha práctica y abstenerse de utlizarla" en cualquier vial que gestione en España.
A las críticas de PPdeG y BNG, cuyo diputado en el Congreso, Néstor Rego, avanzó que pedirá explicaciones al Gobierno, se sumó este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, convencido de que la Abogacía del Estado "se está equivocando seriamente". A su juicio, ante los "terribles atascos", Audasa debió levantar las barreras.
