Para algunos son manchones que ensucian las ciudades; para otros es la manifestación artística de la calle. El debate en torno al grafiti es tan antiguo como los aerosoles de pintura, que surgieron hace medio siglo para convertirse en innegables aliados de los amantes del lienzo urbano. Cubrieron de pintadas las paredes, túneles y vagones de metro de Nueva York, cuna de un movimiento que se extendió progresivamente por todo el mundo occidental. A Galicia no llegaría hasta mediados de los 80, inicialmente en forma de rudimentarios trazos que exponían, como motivos principales, reivindicaciones políticas, el nombre o alias del autor o declaraciones amorosas de dudoso gusto. Fue en la década siguiente, los 90, cuando el grafiti se erigió en meritorias composiciones pictóricas de la mano de los primeros profesionales del spray.
Claro que los amantes del aerosol siempre tuvieron que hacer funambulismo sobre la fina línea que separa su pasión de la ilegalidad, a veces pagando con sus ahorros el atrevimiento de colorear una propiedad que no es suya. Desde el 1 de enero, los grafiteros gallegos deben extremar todavía más las precauciones, ya que la Xunta modificó la ley del suelo para que las pintadas pase a ser consideradas infracciones graves "sempre que exista reincidencia ou os danos causados sexan irreparables", con sanciones de hasta 150.000 euros.
En el resto de los casos que contempla este cambio legal, las sanciones serán leves, partiendo de los 300 euros. En todo caso, la Xunta recuerda que no se trata de un veto a todos los grafitis: "Non será constitutiva de infracción a realización de murais e grafitis de valor artístico" en espazos públicos que "excepcionalmente cedan os concellos a estes efectos" y "sempre que non prexudiquen a contorna urbana nin a calidade de vida dos veciños".
STREET ART LEGAL. Esta última puntualización que hacen desde el Gobierno gallego no es casual, ya que en en el último lustro están proliferando los proyectos municipales para convertir las paredes menos vistosas de algunos edificios —normalmente aquellas laterales y ciegas— en lienzos sobre los que los grafiteros estampan sus obras, en ocasiones de temática propuesta por el propio Ayuntamiento.
Las siete ciudades gastan alrededor de un millón al año en borrar pintadas y Renfe destinó 25 millones solo en 2018 a este fin
Dos concellos que abanderan estas iniciativas son Carballo —con el programa Derribando muros con pintura— y Ordes —con Desordes creativas—, en una senda que han seguido prácticamente todas las ciudades y villas gallegas. Todos salen ganando: los grafiteros —al menos aquellos con cierto nivel— tienen espacios legales donde dar rienda suelta a su creatividad y, al margen de lo subjetivo de los gustos, no se puede negar que estos óleos del siglo XXI llenan de color paredes que antes sucumbían al desconche y humedades.
TRENES: PELIGROSA MODA. La nota negativa la ponen aquellos grafiteros que, pese a los intentos de la Administración para facilitar que lleven a cabo a su pasión, siguen haciendo caso omiso a las normas más básicas de convivencia. Y a ellos va dirigido precisamente le nuevo marco legal.
Los casos más extremos son las pintadas como las que hubo en la catedral de Santiago y otros bienes patrimoniales de alto valor o las que se realizan en los trenes. Las siete ciudades gallegas gastan alrededor de un millón de euros cada año en borrar estas huellas y en el caso de Renfe, solo el año pasado gastó 25 millones de dinero público en borrar pintadas de vagones. La Guardia Civil acaba de detener este verano en toda España a tres grupos de grafiteros a los que atribuyen 128 delitos por daños con pintura que superan el medio millón de euros, uno de ellos, el más activo, con base en A Coruña.
El grafiti per se es ilegal, y si no es otra cosa. El riesgo y las multas también van implícitas y hasta hay gente en prisión
En el caso de los vagones, además, no solo es el coste económico lo que preocupa, sino el riesgo para los propios grafiteros, que en su ejecución deben estar en contacto con catenaria electrificada. Mención aparte merecen aquellos grupos organizados —autodenominados crews— que abordan un tren en marcha, como sucedió en el apeadero de Moeche, en Ferrolterra, donde una veintena de encapuchados irrumpió en la vía y obligó a detener el tren para llenarlo de pintadas.
Ella firma con el seudónimo de Festa y comenzó dibujando, apoyada en sus estudios en Bellas Artes. Eso influyó en que dentro del mundo del grafiti se decantase por el muralismo, es decir, la variante más pictórica —y civilizada—. "A mí me gusta pintar en sitios legales o al menos tranquilos en los que sé que no voy a tener problemas", explica. Pero entiende y apoya a los grafiteros que provienen de la calle, sin formación artística alguna, y que intentan estampar el número máximo de firmas posibles, sea cual sea el lugar. "El grafitero quiere estar en todas partes, ser visto. Es una de las máximas de este arte, que es como una campaña de márketing personal", comenta esta joven, que cita otro de los preceptos fundamentales de esta cultura: "El grafiti per se es ilegal, y si no no es grafiti. Puede ser un dibujo precioso, pero es otra cosa".
Sobre las consecuencias que pueden acarrear las pintadas Festa aclara que "el riesgo forma parte de ello y las multas también; incluso la cárcel". Ante la sorpresa del entrevistador, aclara: "Sí, hay casos en los que grafiteros han acabado en prisión al acumular sanciones y no poder pagarlas".
LISBOA, UN EJEMPLO. Pero, ¿no hay ninguna solución para traspasar esta práctica al otro lado de la ley? "Hace falta un control cultural. En Galicia hay muchos sitios abandonados, con muros feos, y mucha gente deseosa de pintarlos", opina esta grafitera, que pone como ejemplo Lisboa, "con muchísimas iniciativas" que embellecen el paisaje urbano.
Pero también hace autocrítica y reconoce que "hay que saber dónde pintar y dónde no". "Es un problema de educación. Hay gente que no aprecia el patrimonio, grafiteros y no grafiteros", concluye.
