EL SANEAMIENTO de la Ría de Pontevedra ha encontrado un nuevo obstáculo en su camino. Primero fueron los vecinos de la parroquia de Lourizán los que mostraron su oposición a la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y el nuevo emisario, que se encuentra ya en fase de exposición pública, a los que le siguió el Pleno de Pontevedra, que realizó una declaración conjunta contra el proyecto. La Xunta dice "no entender nada". Mientras los concellos de la ría se posicionan, la depuración de las aguas residuales sigue siendo una ecuación difícil de resolver.
Xunta
El Plan de Saneamiento de la Ría, que promueve la Xunta a través de la Consellería de Medio Ambiente, prevé la licitación del nuevo emisario submarino "en cuestión de meses", así como la contratación de las obras de mejora de la estación de Os Praceres. Tras una docena de reuniones con los responsables de los municipios de la ría y del sector marisquero, la Administración autonómica mostró días atrás su "sorpresa" por el rechazo unánime a la ampliación de la EDAR por parte del Pleno municipal. Hoy se reunirá con vecinos de Os Praceres para informarles acerca del proyecto y tratar de desatascar la situación.
Concello de Pontevedra
El grupo de Gobierno de Pontevedra ha cerrado filas con los vecinos y partidos de la oposición contra la ampliación de la depuradora de Os Praceres. El Concello asegura que desconocía la intención de la Xunta de ampliar la EDAR y que la Administración local ya trasladó oficialmente un informe desfavorable sobre la autorización de vertido y otro de incompatibilidad con el PXOM, lo que demuestra su oposición previa. Considera que la estación depuradora de Os Praceres, dimensionada en su día para 200.000 habitantes, es más que suficiente para la población de Pontevedra y que la solución del saneamiento pasa porque Poio y Marín tengan su propia estación de tratamiento de aguas residuales. En la última sesión plenaria realizó una declaración pública contra el proyecto.
PP municipal
El PP fue el último en sumarse a la declaración del Pleno contra la ampliación de la depuradora de Os Praceres, pero Rafa Domínguez también firma el apoyo a los vecinos. "Cuando sea alcalde, me comprometo a dar una ubicación alternativa y la mayor inversión de la historia para Lourizán", prometió. Domínguez insiste en que corresponde a Lores ofrecer una solución a la ampliación de la depuradora.
PSOE
El grupo liderado por Tino Fernández se sumó a la declaración municipal contra la ampliación de la EDAR. Considera fundamental que se mejore el saneamiento de la ría para garantizar su futuro, pero asegura que esto no pasa por la triplicar la estación depuradora.
Marea Pontevedra
Desde el inicio de las reuniones de la mesa para el saneamiento de la ría, la postura de Marea Pontevedra ha sido la de crear varias minidepuradoras en la ría. Promovió una moción en el Pleno para instar a Costas a que no autorice el uso de los terrenos del antiguo campo de fútbol para ejecutar la ampliación. Considera que la solución pasa porque la EDAR de Os Praceres deje de recibir las aguas de Marín y Poio.
Ciudadanos
La concejala de Ciudadanos, María Rey, se entrevistó con representantes de la Plataforma de Lourizán para manifestarles su postura contraria a la ocupación de terrenos que supone el proyecto elegido por la Xunta para la ampliación de la EDAR de Os Praceres. En el encuentro se mostró partidaria de apostar por la modernización tecnológica de la planta y la "indispensable" separación de pluviales y fecales que entran en la EDAR.
Concello de Marín
María Ramallo lo tiene claro. "Marín no va a hacer una depuradora propia tal y como le mandan desde Pontevedra". La alcaldesa recuerda que la actual EDAR de Os Praceres se realizó en los años 1990 para dar tratamiento a ambos municipios. Sobre su postura en torno al saneamiento de la ría, señala que "resulta claro que es a favor de que la actual EDAR se mejore y se realice una inversión importante de manera urgente en las instalaciones actuales", manifestó ayer la regidora marinense. Ramallo considera que la ampliación va unida a la construcción del nuevo emisario. La Xunta proyecta además un nuevo colector en la Avenida de Ourense, que conectará precisamente con la EDAR de Lourizán. Es una actuación de Augas de Galicia y que el Gobierno local espera se pueda iniciar la última semana de octubre o a prinicipios de noviembre como muy tarde.
Concello de Poio
El Concello de Poio demanda desde hace tiempo una depuradora propia. Aunque en la actualidad sus aguas residuales cruzan Pontevedra hasta llegar a Lourizán, la necesidad de una EDAR propia no solo se ha puesto sobre la mesa en distintas ocasiones, sino que Augas de Galicia asegura que existe actualmente inversión para ejecutarla y solo está pendiente de que el Concello determine la ubicación de las instalaciones. El equipo que lidera Nito Sobral ha apuntado a la parroquia de Pampaído, en Sanxenxo, en distintas ocasiones, a lo que el Concello que gobierna Telmo Martín se opone. La Xunta aguarda que la Administración local ponga a su disposición los terrenos en otra zona. En 2016 Poio había planteado la posibilidad de tratar todas sus aguas residuales en Lourizán.
Vecinos de Lourizán
Colectivos de la parroquia de Lourizán integran la plataforma contra la ampliación de la EDAR. Los vecinos se oponen a la construcción del nuevo emisario submarino, de 3,5 km, por considerar que es "a primeira pedra da ampliación". "Lourizán estase a converter no patio traseiro de Pontevedra. Aquí concéntranse cantidade de aberracións medioambientais", señalan. Por ese motivo iniciaron contactos con los grupos políticos y las instituciones para buscar apoyos contra un proyecto que, dicen, perjudicará a la parroquia.
Consecuencias. Bruselas denunció dos veces a España por el deficitario saneamiento de la ría pontevedresa
Dejar los deberes medioambientales sin hacer tiene sus consecuencias ante Europa. Bruselas es inflexible en materia de cumplimiento de la normativa y prueba de ello es que desde 2001 ya ha denunciado en dos ocasiones a España por el deficiente tratamiento de sus aguas residuales, especialmente las de la ría de Pontevedra. Una consecuencia que podría volver a repetirse si no se toman medidas para paliar las actuales carencias.
El primer tirón de orejas de la Comisión Europea llegó en 2001. En aquel entonces se incoó un expediente sancionador por el incumplimiento de la directiva 91/271, que obligaba a depurar con tratamiento terciario (el que permite la reutilización del agua) todos los vertidos que generasen los núcleos mayores de 10.000 habitantes.
La Xunta, competente en la materia, movió ficha ese año declarando la ría pontevedresa ‘zona sensible’, lo que implicaba una especial protección. Para ello fue necesario acometer la primera ampliación de la EDAR de Os Praceres, que había sido construida en 1993.
Se consignó presupuesto (7,51 millones de euros), pero las obras se fueron demorando en el tiempo, con el consiguiente enfado de los responsables europeos, que veían que sus advertencias a España caían en saco roto.
A principios de 2005, el Ejecutivo autonómico dio un arreón al saneamiento gallego y licitó decenas de depuradoras y redes de alcantarillado para cumplir con la estricta normativa europea. Pese a todo, la ampliación de la EDAR de Os Praceres no se produjo hasta noviembre de 2007, con la implantación del demandado tratamiento terciario.
Sin embargo, en noviembre de 2014, Bruselas volvía a denunciar al Estado español ante los tribunales por el deficitario saneamiento de las aguas pontevedresas, que ya estaban en el punto de mira de la UE, junto a otros municipios de Cataluña y Andalucía.
