Pontevedra, ha sostenido este martes ante el juez que el agente, que estaba encargado de su protección como víctima de violencia de género, le propuso mantener relaciones sexuales a cambio de ayudarla "en todo".
Así lo ha dicho durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Pontevedra contra José Ramón Q.G., un agente acusado de los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función, por los que la fiscal pide que sea condenado a una pena de 18 meses de prisión y siete años de inhabilitación.
R.R., presunta víctima, se reafirmó este martes en las acusaciones indicando que el procesado le invitó a tomar algo y, más tarde le telefoneó en muchas ocasiones hasta que ella accedió a acudir a su casa, en la Comandancia.
"Decía que me echaría una mano con el alquiler. Yo intuía que era a cambio de sexo. Cuando llegábamos a casa ya me estaba tocando la pierna, y la forma de mirar...", explicó la mujer, que añadió que "mantuvimos relaciones que fueron consentidas, yo pensaba que me iba a ayudar.
Cuando terminamos ya cambió. Fuimos a la cocina, le dije si tenía algún regalito para mí. Él cogió unos céntimos y me dijo que no era lo que se esperaba, que no valía para nada".
EL ACUSADO LO NIEGA. Juan Ramón Q.G., comandante del puesto de la Guardia Civil de Pontevedra en los años 2016 y 2017, negó las acusaciones.
El brigada explicó que trasladó a la denunciante a su vivienda en el cuartel de Pontevedra porque le había pedido un bocadillo, pero aseguró que no tuvo nada con ella. La mujer había sufrido una puñalada por parte de un individuo, motivo por el cual conoció al guardia investigado.
Según su versión, el día de los hechos, la mujer llamó a emergencias indicando que su expareja había quebrantado la orden de alejamiento, momento en el que él cogió un coche camuflado y acabó llevándola a su domicilio en el cuartel para "hacerle un bocadillo".
El acusado atribuye esta denuncia a la "mala relación" que mantiene con él un superior, que fue quien instruyó dicho expediente.
Sin embargo, la fiscal del caso considera "más creíble" la versión de la mujer, que fue "firme en su declaración", por lo que mantuvo su petición de pena de 18 meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Los hechos fueron denunciados de oficio por parte de la comandancia de Pontevedra, tras recibir una denuncia acerca de la actividad irregular de este alto mando al subir a su casa a víctimas de violencia de género, una conducta que ratificó este martes uno de sus compañeros ante el tribunal.
Otro de los agentes, que fue quien realizó la investigación sobre este comandante de la Guardia Civil, afirmó haberse entrevistado con dos de las mujeres que, presuntamente, habrían acompañado al acusado en su domicilio y concluyó que habían subido al piso pero no pudo determinar qué hicieron en su interior.
La defensa, por su parte, intenta poner en tela de juicio la instrucción del caso por parte de un teniente.
