El 23 de febrero de 1981 es una de esas fechas grabadas en la conciencia colectiva e individual. Aquel día "pasó lo que pasó", en palabras de Iglesias Corral, y en algún momento de la tensa tarde-noche se temió volver a otra "longa noite de pedra" de la que acabábamos de salir. Pero el régimen naciente, que ya tenía muchos apoyos, resistió gracias a la intervención del rey Juan Carlos I que desactivó el golpe aislando a los asaltantes y conspiradores. Su discurso a la nación, uno de los más importantes de su reinado, marca el fin de la Transición.
El Congreso reconocerá mañana el papel clave de la Corona en un acto institucional que presidirá el rey Felipe para "mostrar la fortaleza de las instituciones democráticas y la vigencia de los valores de nuestra Constitución". No asistirá el rey Juan Carlos. Su situación de investigado por la Justicia suiza y estar fuera de España le impiden celebrar, como protagonista, el triunfo de la democracia sobre aquella asonada. Su ausencia requiere tres anotaciones.
La primera, que la monarquía parlamentaria encarnada por el rey Juan Carlos -con otros prohombres de la vida política, económica y social- dio a España la etapa más larga de estabilidad política, prosperidad económica y prestigio internacional. Por tanto, en palabras de Alfonso Guerra, el legado del ahora Rey emérito "no se puede tirar al estercolero de la historia".
Segunda, el ensañamiento con su persona de los partidos de la izquierda radical (que piden indulto para el rapero condenado), de los herederos de Convergencia y de los nacionalismos va dirigido contra la monarquía que, ejerciendo de garante de la Constitución con exquisita neutralidad e independencia, impide sus planes. Sobre todo cuando dice verdades inapelables que desnudan y abortan el secesionismo contra la unidad de España.
Tercera, no se dejen manipular. Juan Carlos I no huyó de España. Detrás de su marcha está una insoportable presión política y mediática tras una clamorosa condena pública. No está imputado, el Supremo rechazó medidas cautelares contra él y tiene la presunción de inocencia que los políticos le niegan y reclaman para sí. Le impusieron un castigo que no aplican a los políticos corruptos que se fueron de rositas a disfrutar de lo robado.
¿Debe volver a España? Ninguna ley lo prohíbe. Este es su país, aquí está su casa, su familia, su gente. Y aquí quiere esperar que la Justicia dirima sus asuntos pendientes. Que no se le permita volver es una injusticia. Y una crueldad con un hombre octogenario y enfermo que prestó tantos servicios a su país.
