El Concello de Pontevedra prevé asesorar a los vecinos afectados por el denominado catastrazo. Las inspecciones promovidas por el Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, para que gallineros, piscinas, galpones y otras construcciones paguen el Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) empiezan a ejecutarse en los municipios de la comarca con la llegada de los primeros recargos.
El portavoz municipal y concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, afirma que las órdenes de la Dirección General del Catastro aún no han llegado al municipio. Aún así, su intención es que los afectados puedan ser atendidos por técnicos municipales en caso de errores graves.
Los pontevedreses que no hayan dado de alta alguna construcción, como las agrícolas, deberán hacer frente a una multa de 60 euros. El pago de la sanción implicará dos cosas: reconocer que se posee una instalación sin declarar y que, a partir de esa regularización, el titular asuma el pago de la correspondiente tasa municipal del Ibi.
El Gobierno local confía en que la campaña estatal no afecte a muchos vecinos. Por dos motivos. El primero es que Pontevedra ha llevado a cabo varias revisiones del padrón municipal, lo que le permitió recaudar 2,8 millones entre 2012 y 2017. Estas inspecciones permitieron incorporar 3.339 inmuebles nuevos o reformados al registro para el pago de la denominada contribución.
El Oral remite cartas con los avisos de liquidación del Ibi a los concellos más pequeños. Los recibos implican el pago de cuatro años de atrasos
La campaña municipal, a diferencia de la que impulsó el año pasado el Catastro, no tuvo en cuenta instalaciones como gallineros, galpones o cuadras de animales. Pero ahora, esta amnistía tiene los días contados. Y así se ha puesto de manifiesto en algunos concellos de la comarca.
En Poio, sus vecinos han recibido ya cartas con los avisos de liquidación del Ibi. Las comunicaciones, remitidas por el Oral, que el organismo de recaudación provincial, responden a las inspecciones dirigidas por el Ministerio de Hacienda.
Los recibos implican el pago de los inmuebles que no habían sido dados de alta. Las multas implican el abono de cuatro años de atrasos, esto es, de 2017, 2016, 2015 y 2014. Algunos afectados deberán pagar más de mil euros para ponerse al día.
En el caso de Pontevedra, la regularización catastral podría tener una repercusión testimonial. Sobre todo porque el Concello goza de exenciones en el pago del Ibi según la superficie que ocupen determinados inmuebles. De hecho, aquellos bienes de naturaleza urbana a los que se les giran facturas de menos de seis euros están exentos del pago de la contribución.
