En el año 2014, los especialistas antidroga de la Policía Nacional de Pontevedra llevaban algún tiempo tras la pista de Marino Giménez, hermano del rey de los gitanos, por su supuesta implicación en el tráfico de sustancias estupefacientes en distintas localizaciones de la provincia. En la Comisaría detectaron su presencia en el marco de la operación Zeus, que sirvió para desmantelar una organización que distribuía droga por toda Galicia. En aquella ocasión se le situó en Ribadumia, una de las localidades marcadas en rojo por ser escenario de numerosos tratos de las mafias de la cocaína.
Posteriores pesquisas sirvieron para acreditar, según relató en su momento el entonces fiscal Antidroga, Luis Uriarte, que Giménez había conseguido establecer un engranaje criminal que le permitía hacerse con importantes cantidades de polvo blanco sin pagar por ellas. Contaba, eso sí, con la cooperación indispensable de al menos un integrante de la Guardia Civil, el cabo Kike, del puesto de Mos, que, con su uniforme y su vehículo oficial, realizaba una labor impensable: incautaba alijos a narcos de O Salnés y le entregaba la droga al integrante del clan de Los Morones.
EL RECURSO. El escrito de acusación de la Fiscalía de Pontevedra quedó acreditado tras una primera vista oral celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia, con sede en Vigo, que dictó sentencia condenatoria contra los principales investigados. Sin embargo, el recurso presentado ante el Tribunal Supremo sirvió a los investigados para ganar tiempo y, tal vez, restarse meses de estancia entre rejas. Sus letrados argumentaron que la sala que elaboró el dictamen estaba contaminada por haber resuelto recursos en la fase de Instrucción. Eso hará que este lunes se desplacen magistrados desde la ciudad del Lérez para dirigir las sesiones plenarias, previstas para toda la semana.
PETICIONES DE CÁRCEL. El guardia civil corrupto del puesto de Mos se enfrenta a una posible pena de nueve año y medio de prisión por narcotráfico
LA BANDA. Desde finales de 2013, Marino Giménez disponía de un grupo de personas a sus órdenes (M.G.B., A.I.G., A.P.C. y el citado cabo Kike) "con un claro reparto de funciones y cometidos", según el fiscal, que explica que "desarrollaron una serie de actividades tendentes a cometer un delito de tráfico de drogas" con la finalidad de hacerse con una importante cantidad de cocaína que "posteriormente destinarían a su tráfico ilícito".
Uriarte asegura que todos ellos eran plenamente conscientes de la finalidad delictiva del grupo y del daño a la salud pública que generaba su actividad. "El imputado Marino Giménez ocupaba una posición preponderante y jerárquicamente superior al resto de sus miembros, distribuyendo las respectivas funciones de los demás integrantes".
EL GUARDIA CORRUPTO. Pero la acusación, a instancias de los investigadores de la Policía Nacional, tiene claro que el papel clave en el entramado criminal que será juzgado desde este lunes en la Audiencia pontevedresa lo desempeñaba el cabo Kike, integrante del puesto de Mos de la Guardia Civil y que operaría a las órdenes del destacado integrante de Los Morones. "Desarrollaba una función esencial al proporcionar al grupo su condición de guardia civil para la comisión de sus actividades ilícitas". El agente no tenía reparo alguno en utilizar su uniforme y su vehículo oficial para conseguir sus objetivos, aún a riesgo ser descubierto.
EL PLAN. Con policías nacionales de paisano pisándoles los talones en todo momento (ellos no lo sospechaban), M.G.B. concertó un acuerdo para la adquisición de una partida de cocaína a los también acusados M.D.A. y B.O.O., supuestos traficantes que nada tenían que ver con el grupo liderado por Giménez. Paralelamente, el miembro de Los Morones trazaba el plan junto al cabo Kike. La idea era que se aprovechase de su condición profesional y simulase un control de la Guardia Civil para interceptar la droga y apoderarse de ella. A.I.G. y A.P.C. desarrollarían funciones de vigilancia y cobertura, al volante de otros vehículos.
SOSPECHAS. El grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Pontevedra ya había advertido la presencia de Marino en Ribadumia meses antes de los hechos
Así, a última hora de la tarde del 15 de enero de 2014, Marino y tres de sus compinches se desplazaron a Poio a bordo de un Opel Astra y un Audi S8, donde habían concertado una cita con los ingenuos narcos que pensaban que eran sus socios. Ese día, sin embargo, Kike debió observar riesgo en la operación, por lo que sugirió que se abortase hasta el día siguiente.
EL DIA D. En la mañana del 16 de enero repitieron la cita en Poio, junto al supermercado Día, y en esta ocasión sí se dirigieron al Sur de la provincia por la AP-9. El Astra y el S8 de la banda de Marino y el Passat de los investigados de O Salnés se salieron de la autopista en dirección a Redondela. El grupo criminal mantenía un contacto constante con Kike, que, conforme al plan diseñado, estableció un control en una gasolinera de la N-550 empleando su vehículo oficial y completamente uniformado. Sobre las 9.20 horas, procedió a dar el alto al vehículo de M.D.A y B.O.O. junto a un compañero cuya consciencia de lo que sucedía no quedó lo suficientemente acreditada para su procesamiento. En ese instante, funcionarios de la Policía Nacional de paisano procedieron a apresar a guardias civiles de uniforme en una secuencia sin precedentes.
DECISIÓN DEL SUPREMO. El juicio se celebra por segunda vez después de que se entendiese que el tribunal actuó contaminado
LAS POSIBLES PENAS. En el registro del vehículo fue intervenido más de medio kilo de cocaína. Además, en la vivienda de Marino, cuyo registro se produjo a continuación, fue hallada una pistola Taurus recamarada del calibre 7,65 con cargador, diez cartuchos y el número de serie borrado. Además, apareció un revólver de fogueo, una máquina de contar dinero y distintas cantidades en efectivo.
Por los hechos, la Fiscalía solicita penas que suman 60 años y medio de prisión. En el caso del hermano de Sinaí Giménez, la acusación exige que sea condenado a doce años de prisión, de los cuales siete y medio serían por el delito de narcotráfico, dos por integración en grupo criminal y dos más por tenencia ilícita de armas. Para el guardia Kike reclama nueve años y medio de cárcel.
