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Investigan la posible implicación de más docentes del campus en el fraude de I+D+i

Víctor Méndez | 17 de abril de 2013

PONTEVEDRA. El fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, ha decidido tirar de la manta en la investigación del supuesto fraude de subvenciones que apunta hacia Taelpo, una empresa multisectorial de Pontevedra. En base a la extensa documentación que solicitó y que ya ha recibido por parte de la Xunta de Galicia, la Administración que otorgó las partidas, el Ministerio Público ha puesto sus ojos en el modo de actuar de varios docentes del campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo que, al parecer, intermediaron a la hora de seleccionar las ayudas públicas que mejor se ajustarían a las posibilidades de la firma. En un primer momento, Santaló pensaba que un solo profesor estaría involucrado en el supuesto fraude de I+D+i (tan solo había analizado tres subvenciones que consideraba irregulares). En las próximas horas serán varios docentes quienes prestarán declaración en la quinta planta del edificio judicial de A Parda, además de algunos empleados de Taelpo que aún trabajan en la empresa. Todos ellos lo harán, eso sí, en calidad de testigos.

Este cambio de rumbo, que indica que el presunto fraude de subvenciones podría alcanzar los cientos de miles de euros, se debe a que el fiscal tiene indicios de que no son solo tres partidas de dinero público las que fueron concedidas a una entidad que no era, supuestamente, merecedora de ellas, sino que ahora son ya más de veinte las subvenciones bajo sospecha.

Devolución. La Administración autonómica informó al fiscal de que Taelpo se ha puesto en contacto con ella para proceder a la devolución de tres de estas subvenciones (las primeras que fueron objeto de investigación). Para ello, habrían solicitado un aplazamiento, según trascendió.

Sin embargo, si las pesquisas siguen avanzando por el camino actual, la empresa multisectorial con sede en la ciudad tendría que devolver varias decenas de partidas más que en su día le fueron concedidas, algunas por parte de la Consellería de Presidencia, otras por Industria y algunas más por otros estamentos de la Xunta de Galicia.

Los hechos que una denuncia anónima puso sobre la mesa de la Fiscalía Provincial en diciembre pasado llevan camino de convertirse en un fraude de dimensiones mayúsculas.

Santaló sostiene que la empresa investigada habría nombrado a personas sin cualificación alguna para llevar a cabo proyectos técnicos de gran complejidad (algunos serían, según parece, empleados de la propia firma).

La declaración de más profesores de la Universidade y de más empleados de Taelpo arrojará algo más de luz, y en base a ella podrían llegar las imputaciones.

El engaño consistiría en el cobro de dinero público a cambio de proyectos que firmaban personas sin cualificación para ello

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