Gabriel Santos toma posesión como decano de los procuradores de Pontevedra

La nueva junta de gobierno colegial se propone reforzar la actividad institucional para dar a conocer la figura del procurador de los tribunales.
Gabriel Santos.DP
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Joaquín Gabriel Santos Conde ha tomado toma posesión como decano de los procuradores de Pontevedra después de haberse impuesto en un proceso electoral para la renovación de la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra

Se procede así a la proclamación y toma de posesión de la única lista de candidatos presentada, encabezada por Santos Conde, que ejercerá el cargo de Decano-Presidente del colegio de procuradores. Así, el cargo de vicedecano lo ostentará Pedro Sanjuán Fernández; el de secretaria, Elena Montáns Argüello; el de vicesecretario, Luis Valdés Albillo; Antonio Fernández García será el tesorero; y Faustino Javier Maquieira Gesteira, José Luis Gómez Feijoo, Francisco Javier Fernández Somoza y Rocío Cochón Castro serán vocales. 

En el acto, Gabriel Santos agradeció al decano saliente, Jesús Martínez Melón, su dedicación a lo largo de los últimos ocho años y destacó los pilares fundamentales de actuación de la nueva Junta de Gobierno: el mantenimiento y mejora de los servicios que se prestan a los colegiados, el equilibrio presupuestario y financiero del colegio, la formación continua de los colegiados y el refuerzo de la actuación institucional del colegio a fin de dar a conocer la figura del procurador de los tribunales como profesional jurídico, en su doble vertiente, representante técnico del justiciable y colaborador esencial de la Administración de Justicia.

El Ilustre Colegio de Procuradores de Pontevedra aglutina a más de 100 profesionales que prestan servicio en los partidos judiciales de Pontevedra, A Estrada, Caldas, Cambados, Cangas, Lalín, Marín y Vilagarcía, y cuenta con 8 delegaciones en los juzgados de su ámbito territorial. Entre sus funciones, amparar y tutelar el ejercicio profesional de sus colegiados y poner en valor la Procura, "una garantía para el ciudadano ante la Administración de Justicia".
 

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