El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concluido la instrucción del denominado caso Gowex y propone juzgar a quien fue presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de Let's Gowex y Gowex Wireless, Jenaro García Martín, y otras cuatro personas. Sería por su presunta participación en delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores –en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera– y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.
El escándalo de Gowex estalló en el verano de 2014 tras un informe de la firma de análisis Gotham City Research que advertía de que el valor de los títulos de la compañía era de 0,00 euros y de que el 90% de sus ventas no existían.
La resolución dada a conocer este lunes por el juez central de Instrucción número uno supone dar un impulso al procedimiento penal mediante la transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado y afecta, además de a García a sus colaboradores Florencia Maté Garabito, consejera de Let's Gowex y Gowex Wireless, y firmante de las cuentas anuales del grupo en los ejercicios 2009-2012; Francisco Manuel Martínez Marugán, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe-Esmeralda Almeida Figueroa y Javier Martín Vaquero, a quienes Jénaro García otorgó el cargo de apoderados/administradores de algunas de las sociedades vinculadas a Let's Gowex "para mantener el estatus fraudulento del negocio".
La causa también se dirige contra las mercantiles Let's Gowex, S.A., Gowex Wireless SLU, Eco Energy 1y3 y Biotelgy VC S.A. como accionistas mayoritarios de Let's Gowex y receptoras de cuantiosos dividendos repartidos indebidamente, por lo que deberán responder civilmente por la acción de sus administradores. El auto afecta además a Tania Roel Mosquera como partícipe a título lucrativo.
Pedraz decretó la entrada de Jenaro García a prisión si bien éste logro reunir los 600.000 euros de fianza antes de entrar a la cárcel
JUSTICIA. Pedraz decretó la entrada de Jenaro García a prisión si bien éste logro reunir los 600.000 euros de fianza antes de entrar a la cárcel. El pasado mes de abril comunicó al magistrado que tenía intención de crear un 'holding' recuperando uno de los negocios de Gowex –desplegando redes wifi gratuitas en ciudades– e invirtiendo en otros sectores como el inmobiliario y el de cuidados a la tercera edad para, según él, "resarcir" económicamente a los más de 700 accionistas que se vieron afectados por su fraude.
EN BOLSA. En su auto, Pedraz detalla que Jenaro García constituyó la mercantil Let's Gowex S.A. En 1999 como matriz de otras sociedades con la finalidad de prestar servicios de soporte de comunicación y de conexión a Internet a través de wi-fi gratis y premium en ciudades y sus medios de transporte. El proyecto empezó a no ser rentable desde 2004 y precisó por ello financiación para mantener los puestos de trabajo.
El 3 de julio de 2014 el MAB suspendió cautelarmente la cotización de Gowex, habiendo llegado a alcanzar una cotización máxima de 21,59 euros "sin que nada ni nadie hiciera presagiar la debacle en la cotización del grupo".
El 3 de julio de 2014 el MAB suspendió cautelarmente la cotización de Gowex
El escándalo había estallado dos días antes, cuando los medios de comunicación se hicieron eco de un informe de una "pequeña y hasta entonces desconocida" compañía independiente norteamericana de análisis financiero llamada Gothan City Research en el que se desglosaba con detalle la falsedad de las cuentas de la compañía de Jenaro García, sacando a la luz que más del 90 por ciento de los ingresos declarados no existían y en realidad eran inferiores a los diez millones de euros anuales.
MENTIRAS MILLONARIAS. Sus ingresos por el negocio del 'wireless' eran, como mucho, el 10 por ciento de lo que informaba en sus estados financieros.
El mismo día en el que publicó dicho informe Jenaro García calificó de falsa dicha información y anunció una inversiones de 260 millones de euros, no reconociendo la situación ante sus inversores hasta el día 6 de julio.
