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Un juzgado pontevedrés decreta el embargo de acciones de Iveco por el cártel de los camiones

Efe | 15 de septiembre de 2020

Camiones de Iveco España. DP
Camiones de Iveco España. DP
El juez toma esta decisión al no abonar la empresa los casi 40.000 euros con los que debía indemnizar a una firma pontevedresa daminificada por el conocido como 'cártel de los camiones'

El juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra ha decretado el embargo provisional de las acciones de la sociedad Iveco España tras no abonar los cerca de 40.000 euros que, por sentencia judicial, debía devolver a una empresa gallega por los sobreprecios aplicados a sus vehículos.

Los abogados de Kartin SL solicitaron esta medida al juez al acreditar que Iveco España se encuentra en rebeldía procesal, es decir, no ha aceptado ni ha respondido a ninguno de los requerimientos que, durante el proceso, se le remitieron desde el juzgado. Este es un trámite derivado de la que fue la primera sentencia firme en España contra el conocido como 'cártel de los camiones', una serie de fabricantes de este tipo de vehículos que acordó precios y cobró sobreprecios a sus clientes.

Iveco España fue condenada por este juzgado pontevedrés a devolver el 9% del precio de adquisición de cada camión en concepto de indemnización por el sobreprecio pactado por el cártel de fabricantes. A esa cantidad se le añadían también los intereses legales devengados desde la fecha de adquisición del camión hasta el completo pago de la condena, según recogía el fallo judicial.

La Unión Europea, recuerdan los abogados de Kartin SL, confirmó la existencia del conocido cártel de los camiones, por el que una serie de fabricantes de este tipo de vehículos de más de seis toneladas acordó precios y cobró sobreprecios a los clientes. Además, también fueron acusados de retrasar deliberadamente la entrada en el mercado de vehículos con tecnología para disminuir las emisiones contaminantes y trasladar a los consumidores los costes de la adopción de dicha tecnología.

Bruselas impuso en 2016 una dura sanción contra los fabricantes y multó con casi 3.000 millones de euros a las marcas MAN, Daimler, Iveco, Renault-Volvo y DAF por estas prácticas irregulares.

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