Un juzgado prohíbe los campeonatos de tiro al pichón

La sentencia no admite el recurso interpuesto por las federaciones española y gallega de tiro al vuelo

Protesta del año 2007 en contra del tiro al pichón, en O Grove. ADP
photo_camera Protesta del año 2007 en contra del tiro al pichón, en O Grove. ADP

El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Pontevedra ha decretado la prohibición de los campeonatos de tiro al pichón en Galicia, al entender que "no resultan autorizables" tras la entrada en vigor de la ley autonómica de protección animal.

La sentencia no admite el recurso interpuesto por las federaciones española y gallega de tiro al vuelo tras la denegación por parte de la Xunta de Galicia de la solicitud de autorización de un campeonato de tiro al pichón en la isla de A Toxa (O Grove) en julio del pasado año.

El magistrado concluye que en la nueva ley, que permitía excepcionalmente al gobierno gallego autorizar, bajo el control de la respectiva federación, la celebración de competiciones de este tipo, "no incluyó dicha excepción", a diferencia de los encierros y espectáculos taurinos.

Los torneos de tiro, aclara el juez, "no son una actividad productiva", ya que su finalidad principal "no es la de generar alimentos o uso industrial"

El titular del juzgado pontevedrés recuerda que la norma no solo se refiere a los animales domésticos, sino también a los silvestres "mantenidos en cautividad con fines distintos de los productivos", a los que prohíbe matar en actividades deportivas o recreativas.

Los torneos de tiro, aclara el juez, "no son una actividad productiva", ya que su finalidad principal "no es la de generar alimentos o uso industrial" y descarta además que sea una práctica cinegética, ya que las aves parten de una situación de cautividad que, al ser disparadas "en el momento mismo de su liberación", carecen de la posibilidad de ocultarse.

El juez desestima el recurso presentado contra el informe de la Xunta que prohíbe realizar el campeonato y en lo referente a la indemnización de más de 60.000 euros reclamada por las federaciones por los perjuicios que les supuso trasladar el torneo a Somontes (Madrid).

Sin embargo, estima en parte, debido a defectos de forma, el recurso interpuesto contra la resolución de 7 de febrero de 2018 del secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en la que se denegaba la autorización para realizar el torneo.

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