El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.
Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.
La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.
Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito.
COMPARECENCIA. Seis partidos han registrado en el Congreso la petición de comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan espacios para el referéndum independentista del 1 de octubre.
La petición la han firmado los portavoces de PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu, en respuesta a la instrucción que Maza ha remitido a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.
En rueda de prensa tras registrar esta petición, el diputado del PDeCat Ferran Bel, que es también alcalde de Tortosa (Tarragona), ha advertido de que con esta medida Maza pretende actuar contra el 75 por ciento de los alcaldes catalanes, más de 700 regidores a los que pretende imputar, ha ironizado, el "grave delito" de "facilitar el voto" de sus ciudadanos.
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