La futura concesionaria del agua invertirá 58 millones en mejoras

El Gobierno local acaba de aprobar el expediente de contratación que permitirá sacar a concurso el servicio de gestión y suministro de agua. Tan pronto como sea publicado en los boletines oficiales, las empresas dispondrán de dos meses para presentar ofertas.

La alcaldesa accidental, Carme da Silva, dio este jueves algunos detalles más sobre las obligaciones de la futura concesionaria. Entre ellas destaca la ejecución de varias mejoras en el servicio, valoradas en un mínimo de 58 millones. El importe definitivo dependerá de las propuestas que reciba la mesa de contratación.

En materia de inversiones, la empresa destinará al menos 14,5 millones a completar la red de saneamiento. En este caso también se presume que el montante final sea superior, puesto que las firmas que no rebasen esta cifra recibirán cero puntos. Da Silva reiteró que este requisito ayudará a dotar de saneamiento y suministro a las viviendas que todavía prescinden de estos servicios. "Non son moitas, pero pola oreografía e as distancias resulta moi caro levar a elas o servizo. En Campañó, por exemplo, as que quedan implican un custe de 21.000 euros por vivenda", advirtió en la rueda de prensa ofrecida el jueves en el Concello.

CAMBIOS. El contrato tendrá una duración de 20 años con una prórroga máxima de un año. El coste será de 6,5 millones de euros anuales.

La adjudicación implicará importantes cambios respecto a la anterior concesión (todavía en manos de Viaqua). Uno de los más destacables es que se eliminará la tarifa mínima y que los usuarios pasarán a pagar por el agua consumida. Paralelamente, la compañía tendrá que asumir la gestión de toda la red de pluviales del concello y hacerse cargo del mantenimiento de todas las fuentes públicas, unas 400 entre las urbanas y rurales que, a partir de ahora, "estarán controladas pola empresa".

El contrato incluye, además, el mantenimiento y la reparación de los contadores y las acometidas, por lo que los usuarios solo tendrán la obligación de instalar el primer contador y hacer la acometida a la red general de la vivienda o edificio.