«La economía sumergida, por desgracia, no es un fenómeno nuevo. Pero se ha recrudecido con la crisis». El presidente de la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe), José María Corujo, expone de esta manera uno de los principales caballos de batalla del mercado laboral: el trabajo en negro. Los esfuerzos de la Inspección de Trabajo, que el año pasado hizo aflorar 3.696.567,56 euros procedentes de la economía ilegal en la provincia de Pontevedra, parecen no ser suficientes para acabar con unas prácticas que ponen en peligro miles de empleos y que dinamitan el ya deteriorado Estado de bienestar.
En ese mismo ejercicio, los 13 inspectores y 19 subinspectores de los que dispone el Gobierno en las Rías Baixas realizaron 18.283 actuaciones, de las cuales se derivaron 923 infracciones. La mayor parte de estas (un 64,5 por ciento) fueron por empleos no declarados que remataron con la apertura de 583 expedientes, una sanción global de más de 1,78 millones de euros y 1.305 nuevas altas en la Seguridad Social.
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