Llarena estudia recurrir a Europa la decisión de Alemania y De Vigo avisa que la euroorden no ha terminado

El juez podría elevar al Tribunal de Justicia de la UE la retirada del delito de rebelión

El juez Llarena. EFE
photo_camera El juez Llarena. EFE

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa del procés, estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre de la orden de detención europea (OEDE) y los procedimientos de entrega entre estados miembros, han informado fuentes del alto tribunal. Lo hace tras la negativa del tribunal alemán a ver rebelión en la conducta del expresidente Carles Puigdemont. 

Las mismas fuentes han señalado que, de formalizarse esta petición al tribunal europeo con sede en Luxemburgo, la tramitación de la OEDE remitida a Alemania por los delitos de rebelión y malversación quedaría en suspenso hasta que el tribunal europeo resolviera la duda planteada. 

Esta paralización de la OED daría tiempo a Llarena para replantear su estrategia procesal tras el revés sufrido tras la decisión del tribunal Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, que únicamente deja la posibilidad de entregar al exmandatario catalán por malversación y descarta así que pueda ser juzgado en España por la conducta más grave que es la de rebelión.
 
No obstante, aún se desconocen los términos concretos con los que Llarena se dirigirá al TJUE y si sus preguntas supondrán una puesta en cuestión de la decisión adoptada este jueves por el tribunal alemán. 

El juez podría realizar preguntas relativas al alcance de la decisión alemana -sobre si el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein se extralimitó al entrar a valorar si hubo o no rebelión en la conducta del exmandatario español-, o bien otras referidas a los términos de una nueva petición por su parte a las autoridades judiciales germanas. 

La decisión de Llarena se produce tras conocerse que la Fiscalía alemana anunciara que no ve margen legal para recurrir la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. El TJUE no es un órgano al que recurrir como tal esta decisión, ya que su función es interpretar la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la misma manera en todos los países miembros y resuelve los litigiosentre los gobiernos nacionales y las instituciones europeas.

Se da la circunstancia de que, en su recurso de reforma tras ser procesado, la defensa de Puigdemont anunciaba su intención de presentar también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) española es compatible con la normativa europea. 
Se refiere concretamente la defensa al hecho de que sus clientes hayan sido privados del derecho de defensa hasta que no han sido procesados y puestos a disposición de la justicia española en virtud de una Orden de Detención Europea (OEDE), y ello pese a hallarse a disposición de los tribunales españoles -en alusión a la situación en Bélgica-. 

DE VIGO NO LO DA POR TERMINADO. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que el procedimiento abierto en Alemania contra Carles Puigdemont en aplicación de una euroorden de detención aún no ha terminado y que hasta entonces no se podrá determinar si la Justicia española podrá o no juzgar por rebelión al expresidente de la Generalitat de Cataluña. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz ha abogado por "esperar a que acabe el procedimiento" para ver si Puigdemont será extraditado y por qué delitos exactamente, y ha dicho que el Gobierno prefiere "no aventurar hipótesis".
 
Así ha respondido cuando le han preguntado si aún sería posible juzgarle en España por rebelión, uno de los delitos por los que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó a Puigdemont, habida cuenta de la negativa del tribunal alemán a ver rebelión en la conducta del expresidente catalán. 

Asimismo, Méndez de Vigo ha recordado que son los jueces de Alemania y España los que deben determinar la situación judicial de Puigdemont, mientras que el Ejecutivo respeta y acata esas decisiones in hacer "interpretaciones de ningún tipo". "Es una cuestión entre jueces, no entre gobiernos", ha recalcado. 

Pero el portavoz del Ejecutivo ha llamado la atención en repetidas ocasiones con respecto a que la decisión del tribunal no es definitiva, dado que no ha entrado en el fondo de la cuestión, esto es, la entrega a España, sino que tan sólo se ha pronunciado sobre la situación de prisión preventiva en la que permanecía el detenido.
 
Lo mismo ocurre, ha señalado, con el resto de imputados en el procés fugados en otros países. "Todavía ninguno de estos países se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ha habido medidas provisionales", ha insistido.

Lo que está "claro" por el momento es que Puigdemont "está sometido a la acción de la justicia en territorio alemán", que "no es un perseguido político" y que se encuentra a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que por el momento le impiden abandonar el país y le obligan a comparecer semanalmente ante la policía hasta que se resuelva su petición de entrega a España. 

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno español pueda instar o promover en el seno del Consejo de la UE alguna modificación sobre el funcionamiento de la euroorden, ha rechazado plantear cualquier posible cambio en caliente. 

Méndez de Vigo ha subrayado que el Gobierno no extrae ninguna consecuencia de las decisiones de los jueces y se limita a seguir gestionando el día a día de Cataluña en virtud del mantenimiento del artículo 155 de la Constitución y dada la incapacidad del Parlament catalán para investir un presidente de la Generalitat.
 
El Ejecutivo español, ha insistido, no es responsable de la falta de un Gobierno nuevo en Cataluña, que está solo a expensas de que se presente un candidato dentro del "marco constitucional claro" establecido, que requiere que se trate de un candidato "presencial". 

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