Las principales asociaciones de guardias civiles han criticado la enmienda pactada este miércoles por el PSOE y el PP en el Senado que prohíbe manifestarse a los agentes y, en el caso de la Unión de Oficiales (UO), ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir una decisión que "cercena" derechos fundamentales.
Desde 2007, los agentes del instituto armado podían organizar y participar en manifestaciones siempre que no tuvieran carácter político o sindical, limitación que ahora se amplía a las convocatorias de carácter "reivindicativo", al igual que sucede con los miembros de las Fuerzas Armadas.
Tras la aprobación de este enmienda, la UO ha alertado de que limitar los derechos de los que ya disfrutaban los guardias civiles repercutirá en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y ha avanzado que acudirá al amparo del poder judicial en defensa de los intereses de los agentes.
En un comunicado, la UO ha criticado que cuatro años después de la aprobación de la Ley de Derechos y de Deberes de los Guardias Civiles, el PSOE y el PP hayan modificado la norma para restringir un derecho que ya tenían reconocido.
"El caso es tener razón, y si no me la dan los tribunales, me 'fabrico' una propia", denuncia la UO.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, ha responsabilizado directamente al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, -"un pijo que va de rojo y con ansias de poder ilimitadas"-, de dar un "golpe de estado institucional" para "hurtar" a los agentes el derecho de reunión, ratificado en varias sentencias judiciales.
