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Matrícula y honor

No es necesario que nadie le eche las cartas al CGPJ para que le adivinen lo mucho que nos estamos jugando
 

María Jesús García, en unas jornadas de penitenciarias de 2017. J. VÁZQUEZ
photo_camera María Jesús García, en unas jornadas de penitenciarias de 2017. J. VÁZQUEZ

VEINTIUNA MATRÍCULAS de honor son muchas matrículas de dios en cualquier carrera. Incluso en Derecho. Eso no lo consigue ni Pablo Casado poniéndose a estudiar en serio tres meses. Cifuentes apenas pudo llegar al notable en su máster de Derecho Autonómico, y eso pese a todos los esfuerzos que se hicieron, que fueron muchos aunque no los hiciera ella.

En toda mi licenciatura de Periodismo lo más cerca que estuve de una matrícula de honor fue una vez que mi compañera Blanca, una navarra rotunda y generosa, me dejó los apuntes de Teoría General de la Información; pasados a limpios y ordenados por colores, canelita en rama. La matrícula la sacó ella, por supuesto, a mí me pusieron un cinco y me di con un canto en los dientes, pero me puse muy contento cuando se la dieron, se la merecía y era como un poquito mía. Creo recordar que vendí, o quizás intercambié por algo, esos apuntes al año siguiente en la cafetería de la facultad: "¡Eh, chissss, apuntes de matrícula de honor, eh! Te llevas cremita".

Vamos, que 21 matrículas de honor son una salvajada. Para conseguirlas no vale solo con ser inteligente, hay que ser brillante, constante, disciplinado y tener una capacidad de sacrificio cercana al martirio. Y si acto seguido le añadimos sacar adelante las oposiciones a juez, unas de las más duras que se pueden afrontar, hablamos de cosas mayores. Eso es exactamente lo que consiguió la magistrada María Jesús García Pérez, un respeto.

Veintiuna matrículas en Derecho no las logra ni Pablo Casado poniéndose a estudiar en serio tres meses

El problema del respeto no es solo que sea difícil ganárselo, sino que es fácil perderlo porque el respeto obliga. Y no hay arcanos, por muy mayores que sean, ni santos ni velas que te protejan ni te ayuden a recuperarlo cuando se traspasan algunos límites, que a veces pueden ser los del bien y del mal pero que casi siempre suelen ser los de la realidad.

El problema de la judicatura, llegados al caso, es que todo el control y la exigencia previo para seleccionar a los mejores solo se ejercen antes, mientras que se relajan alarmantemente en el después y, sobre todo, en el durante. La enorme responsabilidad que asume un juez se ve acompañada por la enorme independencia que se les otorga, necesaria como una de las bases del estado de Derecho, pero si esta se ejerce sin controles a tono se puede caer en la discrecionalidad y la impunidad con relativa facilidad.

Esto no es del todo nuevo en Lugo. Ya habíamos tenido experiencias previas antes, incluso en un número improbable para un lugar judicialmente tan pequeño. Y nunca pasó nada, fundamentalmente porque nada quiso que pasara el órgano creado para ejercer ese control, el Consejo General del Poder Judicial. No quiero generalizar, pero sí creo que puedo decir, e incluso demostrar, que en nuestro caso siempre actuó más como un comando corporativista que como un órgano con las responsabilidades que se le suponen al servicio del estado de Derecho.

Y no será porque en el CGPJ no se hayan enterado. Su embajador en nuestros juzgados, el presidente de la Audiencia Provincial, llegó a apostar en este mismo diario por realizar exámenes psicológicos periódicos a los jueces. Eran otros tiempos, por supuesto, cuando el perjudicado por la actividad incontrolada de alguna de sus compañeras había sido él mismo. Entonces el TSXG y el CGPJ acudieron rápido en su salvación, aunque los ciudadanos hemos tenido que esperar por ellos hasta esta misma semana para saber si van a hacer algo por lo que respecta a nosotros.

Luego la realidad en forma de escándalo insostenible, que no las ganas, también obligó a la presidencia de la Audiencia, el TSXG y el CGPJ a preguntarse qué estaba pasando con un juez de Primera Instancia. Para merecer su atención tuvo que acumular más de doscientas sentencias pendientes de redactar, algunas durante más de dos años, un juzgado colapsado y centenares de afectados. Se habló, incluso, de que su estado aconsejaba la incapacitación profesional por motivos de salud. Hace unos pocos meses regresó a su juzgado, como si nada hubiera pasado. Sigue acumulando sentencias sin dictar.

No se vayan todavía, aún más. El mismísimo Tribunal Supremo llegó a ordenar hasta en dos ocasiones, en sendas sentencias que anulaban macrosumarios judiciales completos, que fuera investigada la jueza instructora por sus notables irregularidades. Ambas investigaciones se cerraron en el mismo momento en que llegaron al TSXG. Circulen, aquí no ha pasado nada.

Ante esta nueva y estrambótica oportunidad, con una jueza de Vigilancia Penitenciaria leyendo el tarot por 15 euros la sesión y dando comprensión a presos de alta peligrosidad, el escándalo que se ha montado a nivel nacional parece haberles espoleado. Supongo que ya no tienen manera de llegar a tiempo de que esta magistrada pueda recuperar nuestro respeto, pero quizás aun puedan ganarse el suyo. Para matrícula de honor no lo tienen fácil, a ver si llegan al cinco.

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