"La mayor fake new del PP es que vamos a cerrar los centros de educación especial"

Guillermo Meijón ha sido uno de los tres ponentes de la LOM-LOE, que se aprobó hace unos días
El diputado socialista Guillermo Meijón junto a la ministra Celáa. DP
photo_camera El diputado socialista Guillermo Meijón junto a la ministra Celáa. DP

La ley Celaá es la octava ley que sale adelante sin el apoyo de los principales grupos políticos. Es decir, que en cuanto haya cambio de Gobierno todo apunta que se volverá a cambiar.

En ningún momento la oposición, especialmente el PP, está legitimada para hablar de una ley con poco consenso. Las leyes aprobadas por el PP siempre han salido adelante únicamente con los votos del PP, las leyes que han presentado los socialistas siempre han salido con los votos de un gran número de la Cámara, incluso esta ley, la LOMLOE, ha salido adelante con los votos de siete grupos parlamentarios. Siempre hemos buscado el consenso.

¿En un tema tan sensible como la educación no habría que aparcar las diferencias y buscar el máximo consenso?

Tenemos un problema de partida bastante grave y es que la derecha no acaba de creer en el sistema educativo público como el gran eje integrador de nuestra educación. La derecha siempre ha estado a favor de la privatización, siempre ha buscado una escuela pública de beneficencia y dejar la excelencia para la escuela concertada y la privada. Y eso, obviamente, nosotros no lo vamos a consentir en cuanto podamos. Y hay otro tema que es verdad que nos separa. En ningún caso una materia confesional puede ser evaluable, cosa que no se corresponde con lo que dice la derecha.

Varios puntos que han levantado polémica. Uno de ellos gira en torno a las lenguas y el hecho de que el castellano deja de ser "vehicular". 

La derecha quiere hacer política de separación con el tema de las lenguas autonómicas. Siempre han utilizado las lenguas como conflicto. Nosotros creemos que constituyen una gran riqueza. Somos absolutamente respetuosos con el marco constitucional que nos dice que el alumnado tiene que salir de la educación dominando plenamente tanto la lengua castellana como aquella lengua de su comunidad autónoma si es que la tiene. Sobre la palabra vehicular no tiene efecto jurídicio y, de hecho, nunca había existido en ninguna ley de este país hasta que el ministro Wert la quiso colocar precisamente para alimentar el conflicto con la comunidad catalana. Nosotros somos respetuosos con el marco constitucional que, por cierto, tampoco habla de lengua vehicular.

¿Y no ha sido una concesión a los grupos independentistas a cambio de su apoyo?

No es una concesión a nadie, es un mandato constitucional. Es que si no pusiera eso la ley estaríamos incumpliendo la Constitución. Eso es algo que el PP no acaba de entender. Otra cosa son los modelos lingüísticos que cada comunidad implanta para que esto sea una realidad. Eso se sigue pudiendo hacer con esta ley, como no podría ser de otra manera.

Feijóo sabe que ahora mismo el marco lingüístico en Galicia en ningún momento se ve afectado por esta ley

Ha dicho Feijóo que dentro del marco legal se va a aplicar la ley lo mínimo posible.

Eso es una fanfarronada de Feijóo porque él sabe que ahora mismo el marco lingüístico en Galicia en ningún momento se ve afectado por esta ley. No viene a cuento salvo para aumentar el conflicto.

Otro de los puntos de la ley educativa que ha sacado a la calle a familias y partidos políticos es qué va a pasar con la financiación de la educación concertada.

No, no. El principal problema es que las derechas pretendían que esta ley siguiera manteniendo la cláusula de demanda social que había introducido Wert con objeto de potenciar la escuela concertada y, sobre todo, de amparar lo que había hecho Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid de regalar suelo público a centros privados. Nosotros no podemos mantener la demanda social tal y como ponía Wert y la hemos dejado como estaba antes, la enseñanza concertada fue algo creado por los socialistas en 1985 por necesidades puras educativas y sigue en las mismas condiciones que antes. Por otra parte, en este país los padres siempre han podido elegir, y van a seguir pudiendo elegir, solo hay una limitación: los criterios tienen que ser semejantes en todos los centros educativos públicos y concertados. Lo que no puede ser es que los colegios concertados seleccionen a los alumnos. No podemos hacer guetos en los centros públicos.

¿Han cambiado esas necesidades educativas?

Se ha llegado a un nivel de equilibrio, la enseñanza concertada representa un 28% y es un porcentaje que seguirá porque responde a necesidades educativas que siguen existiendo. Otra cosa es que cualquier centro pudiera reclamar a la Administración que obligatoriamente tuviera que concertarlo. La planificación educativa debe corresponder a las administraciones públicas. Nadie entendería en Sanidad que estuviéramos concertando operaciones en un sanatorio privado y que estuviesen vacíos los hospitales públicos.

¿Qué va a pasar realmente con la Educación Especial? ¿Se van a cerrar los centros?

Esa es la mayor falacia y la mayor fake new del PP y los partidos que lo acompañan sobre esta ley. Tanto la ministra, como la portavoz de Educación y yo mismo hemos dicho que en ningún caso se va a cerrar ningún centro de educación especial. Es más, se les potencia para que además de seguir dando clase al alumnado, sirvan también como centros de referencia y de formación para el profesorado que atiende a esos niños en colegios ordinarios. La ley dice que los centros ordinarios deberán contar con recursos suficientes para poder atender a los niños que tengan necesidades especiales con la calidad requerida cuando sus padres elijan llevarlos a estos centros. La derecha ha sacado ese tema sabiendo que es falso.

No se entendería que concertásemos operaciones en un hospital privado estando vacíos los hospitales públicos

La nueva ley permite que se pase de curso sin aprobar todas las asignaturas, lo que se ha entendido como que se rebaja la exigencia y la calidad del sistema educativo.

La ley da un avance importante en aquello que tiene que ver con apoyos y planes de refuerzo para conseguir el éxito escolar. En este país parece que el único recurso para un alumno que tiene dificultades es la repetición de curso. Lo que se trata es que la repetición de curso sea la última opción, pero que sobre todo ese alumno pueda tener planes personalizados de acompañamiento para que tenga asegurado un mayor éxito o mejor inserción en el sistema educativo. Y no lo que nos quiere vender la derecha de que se regalan aprobados. Aquí nadie regala nada. Esta ley es más que aceptable, persigue que nadie se quede atrás, la equidad, la diversidad y la calidad del sistema educativo público.

"El pesar que tenemos es que el BNG se haya instalado en el no perpetuo en vez de sumar" 

"Se ha hecho un esfuerzo muy grande por negociar estos Presupuestos", dice Guillermo Meijón, que subraya que las cuentas, que finalmente salieron adelante esta semana con los votos de once grupos, "son positivas también para la provincia de Pontevedra". "Ha habido una mayoría que ha entendido que una circunstancia excepcional necesita unos presupuestos excepcionales, que no responde solo a una coyuntura actual de la pandemia sino que además tienen que responder a la transformación de nuestro país y a volver a reforzar las políticas del bienestar, de equidad, de que nadie se quede atrás. El pesar que tenemos nosotros es que el BNG se haya instalado en el no perpetuo y, de hecho, ha dicho que no a la comisión de reconstrucción, ha dicho que no a los pactos de Toledo, ha dicho que no a la ley educativa y tampoco ha apoyado estos presupuestos y la verdad es que lo sentimos porque nosotros entendemos que estos son momentos para sumar y no para ponerse de perfil", manifiesta.

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