El Ministerio para la Transición Ecológica afirma que la reforma del Reglamento General de Costas de 2014 nace "con el objetivo de aportar certidumbre a largo plazo a las empresas" y con el propósito de establecer "criterios objetivos que modulen y objetiven la decisión sobre el otorgamiento de concesiones en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y sus prórrogas".
Sus máximas son dos: el tope de las concesiones será de 75 años (incluidas las posibles ampliaciones del permiso) y no se permitirán actividades en el litoral que puedan desarrollarse en lugares del interior. La primera propuesta de modificación recibió "un buen número de alegaciones" y la segunda está ahora mismo en fase de consulta.
El detonante del cambio legislativo surgió a raíz de un informe de la Abogacía del Estado que encargó el Gobierno socialista al poco de llegar a Moncloa para resolver el entuerto de la caducidad de las concesiones que habían sido otorgadas al amparo de la Ley de 1988 por un plazo máximo de 30 años.
La Abogacía (que en 2015 había dado luz verde a la prórroga de Ence) concluyó que debería modificarse el Reglamento General de Costas de 2014, sobre todo para corregir algunas disfuncionalidades e incoherencias que presenta dicho reglamento con respecto a las leyes de Costas aprobadas en 1988 y 2013 (en la que se aprobó una prórroga extraordinaria de 75 años).
