Las obras de urbanización retrasan la apertura de la nueva Cidade da Xustiza de Pontevedra, que la Xunta inauguró oficialmente el pasado 3 de septiembre. El Gobierno gallego confirmó este jueves a este periódico que se están ultimando estos trabajos como paso previo a la obtención de la licencia de primera ocupación que debe emitir el Concello. Se trata de un trámite fundamental para que pueda iniciarse el traslado de los 15 juzgados que ocuparán el edificio.
Responsables de la Consellería de Xustiza aseguraron que el objetivo es que los técnicos municipales comprueben el estado de las obras la semana que viene. Si no se detecta ninguna deficiencia, el Gobierno local de Pontevedra podrá dar el visto bueno a la operación.
A pesar de la demora en las obras, el departamento autonómico dirigido por Alfonso Rueda mantiene que la entrada en servicio de la Cidade da Xustiza sea una realidad a finales de año. Para ello deberá completarse con éxito una mudanza que se hará por fases.
Primero se trasladarán los tres juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la calle Xermán Adrio, cuyas oficinas —propiedad de la Xunta— dejarán de usarse. A continuación le tocará el turno a las cuatro salas de lo Social y las dos de lo Mercantil de la Audiencia Provincial. La última tanda afectará a las seis unidades de Primera Instancia situadas en el viejo edificio de A Parda.
El calendario que mantiene el Ejecutivo autonómico podría sufrir retrasos, ya que la idea inicial era que se ejecutasen el traslado de dos salas judiciales cada 15 días. Además, en el proyecto de Orzamentos de la Xunta para 2020 se reconoce que el edificio judicial, en el que trabajarán unos 150 funcionarios, estará "plenamente operativo en 2020".
La Cidade da Xustiza costó algo más de 21,2 millones de euros, de los cuales 18,6 millones se corresponden con la obra civil. A esta cuantía hay que sumarle otros dos millones de euros más en mobiliario y equipos informáticos.
