Pontevedra
Los proyectos prioritarios para Pontevedra
El BNG acaba de lanzar una ofensiva política para liberar terrenos protegidos en A Xunqueira de Alba. La iniciativa la firma el diputado Luís Bará, que ha elevado al Parlamento gallego una petición para instar a Deputación, Xunta y Gobierno central a no ampliar las concesiones que mantengan en zonas de dominio público marítimo-terrrestre. El objetivo es que los servicios que estas administraciones mantienen el ámbito de las marismas, donde ocupan una superfice de unos 171.000 metros cuadrados, se trasladen a otro lugar.
Los nacionalistas apelan a la declaración de A Xunqueira de Alba como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) en 2012 para recuperar estas parcelas. "As administracións deben dar exemplo no relativo ó respecto ó medio ambiente e á recuperación de espazos de dominio público, seguindo o criterio de que non deben estar nesta ubicación as instalacións que poidan trasladarse a outro emprazamento", explicó este martes Bará.
DEPUTACIÓN. En el ámbito de este ENIL existen en la actualidad cinco instalaciones a las que el Bloque quiere poner fin. Dos de ellas pertenecen a la Deputación, una institución en la que los nacionalistas gobernaron desde 2015 con el PSOE. Se trata del Parque de Maquinaria y la Imprenta Provincial.
Ambos edificios están situados en la avenida de Domingo Fontán. La concesión para continuar en su actual ubicación acabó en 2018, lo que llevó a la Deputación a solicitar una prórroga temporal a la Dirección General de Costas hasta que el traslado de las mismas al polígono industrial de Barro-Meis sea efectivo.
Bará: "As administracións deben dar exemplo no relativo ó respecto polo medio ambiente e á recuperación de espazos de dominio público"
Los permisos estatales para levantar estos inmuebles al lado de las marismas de Alba fueron otorgados por orden ministerial a la Deputación durante el franquismo, concretamente en abril de 1965. Entonces, se declaró a todas estas parcelas como "zona de experimentación agrícola y ganadera", un uso que jamás llegó a producirse.
La construcción de la Imprenta Provincial fue amparada por el Gobierno central en 1988, año en el que se dio una concesión de 30 años para ocupar su actual emplazamiento.
XUNTA. La Consellería de Medio Ambiente también utiliza una nave en terrenos protegidos. El Parque Móvil de la Xunta, que sirve como almacén de maquinaria y diversos vehículos, es otra de las instalaciones que el BNG quiere trasladar. El grupo parlamentario nacionalista considera que el Gobierno gallego debe renunciar a la ampliación del plazo de concesión para mantener allí este centro de trabajo.
Bará aseguró que el parque autonómico, ubicado en la Rúa Martín Códax, "ten unha imaxe bastante deplorable". "Aquilo parece un vertedoiro de residuos, vehículos e maquinaria abandonada", señaló.
GOBIERNO CENTRAL. Otro de los recintos que se plantea liberar es el Centro de Exámenes que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene al lado del Parque Móvil de la Xunta. Allí, la Jefatura Provincial de Tráfico realiza los exámenes de conducir.
El BNG también plantea que la Dirección General de Costas, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, abandone su sede de Domingo Fontán. La instalación, que cuenta con su propio parking, está pegada a la Imprenta Provincial.
MÁS CONCESIONES. En paralelo a estas concesiones, el BNG ha planteado la recuperación de otros espacios situados en dominio público. Es el caso de los terrenos que ocupa la vieja fábrica de Pontesa, en Ponte Sampaio. Costas otorgó una prórroga de 20 años a los nuevos propietarios de la planta, la compañía hispano-brasileña Itaipú-Trade S.L., que quieren utilizar el centro como almacén de materias primas.
El Concello de Pontevedra se opone a esta moratoria porque su objetivo es que la zona que ocupaba el complejo alfarero, cerrado en 2001, pase a manos municipales para abrir este espacio a la ciudadanía. El Gobierno local, que anunció un recurso contra la decisión estatal, tampoco descarta emprender medidas judiciales contra otras posibles prórrogas que tramita Costas sobre edificios cuyas concesiones acababan en 2018. Entre las afectadas estaría la gasolinera de O Burgo, de Repsol, que espera la resolución para quedarse en su actual ubicación hasta marzo de 2028.
Pontevedra tiene pendiente otros expedientes, como el impulsado por la congregación del colegio Sagrado Corazón de Praceres para ampliar su taller de costura, situado en plena ría. Unión Fenosa, que ahora opera bajo la marca Naturgy, también ha solicitado una moratoria para el transformador que hay al lado del Pavillón Municipal de Deportes.
El único recurso judicial que por el momento tiene en marcha el Concello es contra la prórroga a Ence. El asunto debe resolverlo la Audiencia Nacional, que deberá decidir si anula o ratifica la moratoria otorgada en 2016 para que la pastera mantenga su actividad en Lourizán 60 años más, hasta 2073.
