Los concejales que actualmente están en la oposición y que hasta el año pasado formaron parte del tripartito (BNG, PSOE y la edil no ascrita, Vanessa Rodríguez Búa) fuerzan al alcalde, Telmo Martín, a que convoque un pleno extraordinario, en el que abordar las consecuencias de la sentencia refrentada por el Tribunal Supremo el pasado jueves, que obliga a Construcuatro, la firma de la que fue socio el regidor popular, al pago de 2.470.000 euros por el cobro de sobreprecios a propietarios de pisos de vivienda protegida en el polígono de San Paio de Navia, en Vigo.
Los tres ediles nacionalistas (David Otero, Sandra Fernández y Maxi González), la socialista Coral González-Haba y la independiente Rodríguez Búa consideran que Martín debe dar explicaciones por el fallo judicial, que refrenda la multa impuesta en su día por la Xunta de Galicia. Está previsto que la petición para la celebración de la sesión extraordinaria se entregue mañana, por lo que, en principio, todo apunta a que se celebrará antes de julio.
Los miembros de la oposición exigen la dimisión de Telmo Martín, uniéndose así a la exigencia realizada por diferentes grupos autonómicos, como En Marea o el BNG. "É inaceptable que alguén que se adique á vida pública participe de xeito activo, a través das súas empresas, nunha estafa a 62 familias, esixíndolles un sobreprezo sobre unhas vivendas de especial necesidade como son as de proteción oficial", indica el comunicado hecho público por los impulsores de la petición de la convocatoria del Pleno. En este sentido, cabe recordar que la sesión extraordinaria debe celebrarse en caso de que sea reclamada por la cuarta parte de los integrantes de la Corporación.
"Telmo Martín debe render a cada un dos seus compañeiros de Goberno, que deberán manifestarse publicamente sobre se avalan a súa falta de escrúpulos", advierten el BNG, el PSOE y Rodríguez, que entienden que SAL está obligado a dar un paso adelante y confirmar si mantendrá el pacto con el PP tras conocerse la sentencia.
Los hechos a los que hace referencia el Supremo datan del año 2006, cuando Martín aún era alcalde de Sanxenxo.
