Siete informes avalan la legalidad del pago de los trienios al exalcalde de Cuntis, Antonio Pena, efectuado por el Gobierno local. Uno de los pronunciamientos favorables a su petición fue efectuado por la Consellería de Educación, otro por la Deputación Provincial, el tercero fue remitido por la Federación Española de Municipios y Provincias, dos por interventores municipales y el otro por el secretario del Concello.
Estos documentos fueron elaborados a petición de la Administración local para despejar cualquier duda respecto a la petición cursada por el exregidor el día 27 de julio de 2015, una vez que Manuel Campos lo relevó en la Alcaldía, solicitando el abono de los cobros que le correspondían por ser funcionario del Grupo A 1, adscrito a la Consellería de Educación.
CARGO. "Se percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe, y no las que correspondan como personal funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que se tenga reconocidos en cada momento", expuso el Interventor, Leopoldo Moure, un mes después.
En septiembre del mismo año, la Xunta precisó que "o Concello de Cuntis debe proceder ao aboamento dos trienios durante o período que estivo de servizos especiais no citado organismo", posición que también mantuvo la Deputación, aconsejando al Concello que verificase si la reclamación de Pena había sido presentada dentro del plazo establecido para ello y si debería abonar los recargos de los intereses.
En marzo de 2016, la Federación Española de Municipios y Provincias se pronunció en el mismo sentido, a pesar de que "el reclamante 'guardó silencio' durante los cuatro años de su mandato, renunciando a ejercer el derecho que ahora reclama".
Dos nuevos informes, emitidos por el secretario, y por el Interventor municipal que sustituyó al anterior, corroboraron el derecho al que apeló Antonio Pena, y el informe elaborado por el Concello califica de "lícito e lóxico" que haga valer sus derechos y considera "chocante" que lo hiciese dos semanas después de haber dejado su cargo de alcalde. No obstante, en su primera conclusión señala que debe cobrar 9.675 euros, y 664 en concepto de intereses, mientras que los 3.105 que reclama corresponden al pago que la Administración local deberá hacer a la Seguridad Social.
En el segundo punto del informe de Intervención se aclara que "a falta de dilixencia mostrada por Antonio Pena á hora de reclamar os seus dereitos" durante el período de su mandato al frente del Concello no determinan su pérdida "posto que a súa primeira reclamación é de data 25 de xuño de 2015, polo que non opera o instituto da prescrición", y agrega que en este tipo de reclamaciones no tiene vigencia el silencio positivo, sino el negativo, que también respalda la petición de Pena.
