Opinión

Paraísos laborales

AÑOS ATRÁS incordiaban al país y cabreaban a los españoles las huelgas, declaradas o encubiertas, del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Seplar) y de los controladores cuando paralizaban el tráfico aéreo para mejorar su status laboral privilegiado. 

Ahora son los estibadores, otros privilegiados, los que amenazan con paralizar el tráfico marítimo para defender sus prerrogativas laborales y salariales, aunque saben que no encajan en la liberalización que exige la UE. 

El jueves el Gobierno no fue capaz de sacar adelante el decreto liberalizador de la estiba y, como "non hai culpa sen dous donos", el primer culpable es el mismo Gobierno que pudo solventar este problema antes de concluir la legislatura de la mayoría absoluta, pero no quiso abordarlo porque le podía restar votos y ahora no supo negociar con ese mundo complejo del sindicato de estibadores y empresas de gestión portuaria. 

De verdad, merecíamos unos políticos –gobierno y oposición– que gobernaran con más rigor a España. Al menos para evitar nuevos desastres

Después, está la oposición. Votó en contra para derrotar al Ejecutivo que seguramente merecía ese castigo, pero su voto negativo entraña consecuencias graves. La primera es la severa sanción económica de 134.000 euros diarios más los 23 millones acumulados al Reino de España que, además, proyecta la mala imagen de un socio que incumple un dictamen de la UE. 

La segunda, también económica, es de más alcance. La actividad portuaria es determinante en la economía del país y en situación conflictiva las navieras desvían los buques a puertos alternativos –Leixoes en el caso de Galicia– que se van y muchos no vuelven, entre otras razones porque la estiba tiene un sobrecoste en España. Calculen las pérdidas 

La falta de acuerdo da alas a los estibadores para mantener su "paraíso laboral" endogámico que impide la competencia libre para acceder a esos empleos. Mira por donde, los llamados Padres de la Patria apoyan el monopolio de la contratación y vulneran la libre competencia y la igualdad de oportunidades laborales consagrada en los textos fundamentales. 

Al final, la cuenta de la irresponsabilidad política de todos ellos –la multa de la UE, el coste de la jubilación de oro a los 50 años con pensión de 3.000 euros y las pérdidas económicas– la pagaremos todos a escote. Como estamos pagando el rescate de las cajas, las mordidas de la corrupción y los desmadres de las administraciones. 

De verdad, merecíamos unos políticos –gobierno y oposición– que gobernaran con más rigor a España. Al menos para evitar nuevos desastres.

Comentarios