El Concello de Poio celebrará este jueves una Comisión de Facenda extraordinaria convocada para sacar adelante las iniciativas municipales de carácter económico que se han puesto en marcha para poder agilizar la tramitación de medidas impulsadas por la entidad municipal para paliar los efectos de la crisis sanitaria en el tejido económico, y, por extensión en toda la sociedad poiense.
Entre las medidas a adoptar está la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. La tasa de la basura gozará de bonificaciones de hasta el 100% "a todos aqueles contribuíntes que acrediten o peche total dos seus establecementos polo decreto do estado de alarma, a mediados de marzo, por terse definida a actividade en cuestión como non esencial", indica el Gobierno local. La medida se aplicará solo al importe equivalente al tiempo que se mantuviese el cierre de la actividad.
Ayudar a que los contribuyentes conserven la liquidez en el momento en que vuelven a poner en marcha su actividad "e protexer a terceiros que se poidan ver, dende o punto de vista económico, afectados por este novo contexto", son los objetivos de esta medida propuesta por el tripartito.
El PP denuncia que la misma exención fue rechazada en el pleno de mayo
Los requisitos para pedir la bonificación serán acreditar el cierre del establecimiento o actividad mediante la Resolución del Servizo de Emprego e Economía dependiente de la Xunta y de la Consellería de Emprego e Industria. Este ha sido el organismo encargado de aprobar los ERTE por causa mayor a consecuencia de la covid-19 y del que debería conservar documentación cada uno de los empresarios afectados. En su caso, ante la dificultad para tener este documento, también se aceptaría un informe de vida laboral, en el que deberá constar el cese de actividad, en caso de los y las autónomas.
El Concello cotejará las documentaciones y elaborará una lista de beneficiarios. Una vez aprobada definitivamente (algo para lo que ha de transcurrir un plazo de cinco días en los que se pueden presentar las alegaciones) se dará traslado a la empresa que gestiona el cobro para que se vayan aplicando las bonificaciones de los importes de modo prorrateado en las facturas bimensuales que correspondan.
El PP protestó esta semana porque esta misma exención fue rechazada en el Pleno de mayo cuando la propuso la formación conservadora. Los populares se preguntan cómo pueden desde el Gobierno tripartito proponer una medida idéntica a la que rechazaron en el Pleno hace unos días y señalan que hasta se han usado para fundamentarla los mismos informes de los técnicos elaborados para tumbarla en Pleno.
